Javier Arévalo, presidente del Poder Judicial de Perú, se opone firmemente al proyecto de ley presentado por Waldemar Cerrón para crear una comisión de fiscalización de jueces y fiscales. Arévalo argumenta que esta iniciativa atenta contra la democracia y la Constitución, reflejando un espíritu totalitario.
El Poder Judicial se compromete a defender su autonomía y la independencia judicial. Arévalo exhorta al presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, a revisar este tipo de proyectos que, según él, contribuyen al enfrentamiento innecesario entre poderes del Estado y dañan la imagen del país.
El proyecto propone crear una «Comisión de Fiscalización de la Función de jueces y fiscales» para supervisar y sancionar conductas corruptas. Sin embargo, esta propuesta plantea una duplicidad de funciones, ya que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ya evalúa el desempeño de jueces y fiscales cada tres años y medio.
Waldemar Cerrón defiende su proyecto, argumentando que busca cumplir con la función de control político del Congreso. Insiste en que no viola la Constitución y que la propuesta debe debatirse en el pleno del Congreso.
La iniciativa ha generado controversia, especialmente porque Vladimir Cerrón, hermano de Waldemar y líder del partido que integra, está siendo investigado por la Fiscalía y el Poder Judicial. Esto ha llevado a cuestionar los motivos detrás del proyecto.
El debate sobre este proyecto de ley pone de manifiesto las tensiones entre los poderes del Estado peruano y plantea interrogantes sobre los límites del control político y la independencia judicial en el país.
