El modelo de elecciones primarias aprobado por el Congreso peruano terminó en un sistema controlado por las cúpulas partidarias, donde las candidaturas se deciden previamente, ya que de 39 organizaciones políticas solo dos realizaron elecciones directas y 37 optaron por delegados sin fiscalización externa. Según el exjefe de la ONPE, Fernando Tuesta Soldevilla, este proceso implicó un gasto millonario sin fortalecer la participación ni la legitimidad democrática
En entrevista con Razón Libre de Pachamama Radio, Tuesta explicó que el sistema funciona como un formalismo, ya que las listas y candidaturas suelen estar decididas de antemano por los líderes o las cúpulas partidarias. La ley, además, empuja a los partidos a optar por el sistema de delegados, que les permite un mayor control interno del proceso.
Solo Acción Popular y Renovación Popular realizaron elecciones directas. En el caso de Renovación Popular, esto ocurrió de manera involuntaria por no haber actualizado sus estatutos. Acción Popular mostró competencia real, con 14 o 15 fórmulas presidenciales y múltiples candidaturas en distintas circunscripciones, dijo el también politólogo de la PUCP.
En contraste, Renovación Popular presentó únicamente a Rafael López Aliaga como candidato presidencial, con listas parlamentarias únicas. La falta de competencia, señaló Tuesta, eliminó cualquier incentivo para la participación activa de la militancia.
Delegados sin supervisión electoral
Las otras 37 organizaciones eligieron delegados que posteriormente seleccionaron a los candidatos en asambleas realizadas el 7 de diciembre. En esta fase, la ley no contempla la participación de la ONPE ni del Jurado Nacional de Elecciones, por lo que no hubo fiscalización ni supervisión externa del proceso.
El número de delegados varió ampliamente según los estatutos partidarios, desde tres hasta 105 representantes. Fuerza Popular optó por el máximo permitido, mientras que otras organizaciones redujeron el número al mínimo, lo que evidencia la discrecionalidad de las dirigencias para controlar las candidaturas.
Participación mínima y legitimidad cuestionada
Tuesta recordó que las elecciones internas deben garantizar participación, legitimidad, competencia y contribuir a reducir el número de partidos. Sin embargo, en 2021 solo votó el 5% de la militancia registrada. El umbral del 10% para mantener la inscripción resulta insuficiente, ya que se aplica sobre delegados y no sobre militantes, permitiendo que las 39 organizaciones sigan en carrera electoral pese a la baja efectividad democrática del proceso.
