En una entrevista a Marleny Mamani Ramos, primera regidora de la Municipalidad Provincial de San Román, mostró un marcado desconocimiento de sus responsabilidades institucionales según la Ley orgánica de municipalidades. Sus respuestas vagas sobre seguridad ciudadana y fiscalización municipal evidenciaron una comprensión superficial de sus obligaciones que le competen como representante elegida, generando dudas sobre su capacidad para ejercer un rol efectivo en la gestión pública local.
La funcionaria eludió constantemente preguntas específicas sobre propuestas concretas, limitándose a expresiones genéricas como “voy a coordinar” y “voy a apoyar”. Respecto a la seguridad ciudadana, no presentó iniciativas legislativas claras, ni detalló estrategias para enfrentar la delincuencia, únicamente manifestando su intención de trabajar con otras autoridades sin proponer acciones específicas de intervención.
En materia de fiscalización, Mamani Ramos reconoció haber estado en la Comisión de Comercialización, pero no logró demostrar resultados tangibles. Sus declaraciones sobre el desorden en mercados como Santa Barbara y presuntas irregularidades en cobros a comerciantes quedaron sin sustento, al no presentar denuncias formalizadas ni evidencias concretas de sus afirmaciones.
La entrevista reveló múltiples interrogantes sobre su gestión, especialmente cuando se le cuestionó sobre propuestas legislativas y su rol de fiscalización. Sus respuestas oscilaban entre la generalidad y la evasión, sin articular un plan coherente de trabajo que demostrara un conocimiento profundo de sus responsabilidades como regidora municipal.
Ante cuestionamientos sobre nepotismo, la regidora negó tener familiares trabajando en la municipalidad, aunque reconoció la presencia de su hermano en un cargo previo. Esta situación generó dudas adicionales sobre su transparencia y compromiso con los principios de la función pública, elementos fundamentales para un representante elegido democráticamente.
