El procurador Público del Gobierno Regional de Puno, Iván Santalla Prieto, informó que se han presentado al menos 80 denuncias por diversos delitos de actos funcionales por parte de funcionarios de entidades públicas.
Estas denuncias están siendo evaluadas por el Ministerio Público para iniciar investigaciones preliminares, pero el proceso se está retrasando, ya que debería completarse en un plazo de 30 días, lo cual no se está cumpliendo.
«El Ministerio Público está actuando con lentitud en estas denuncias presentadas por la procuraduría en defensa del bien del Estado», expresó Santalla Prieto, señalando que continuarán con el trabajo encomendado a pesar de las dificultades.
Destacó que, entre las denuncias interpuestas, los casos más emblemáticos incluyen el proyecto hidráulico de Vila Vilani, la demarcación territorial entre Puno y Moquegua, la preservación del lago Titicaca, entre otros, en los cuales están involucrados funcionarios de entidades públicas del Estado.
Por otro lado, Santalla Prieto mencionó que en la procuraduría trabajan solo 12 abogados, 4 asistentes y 2 secretarias, lo cual es insuficiente para abordar los diversos casos de denuncias a nivel regional.
