El procurador del Gobierno Regional de Puno, Iván Zantalla, solicitó a la Fiscalía requerir prisión preventiva contra 10 personas, entre las que figuran el suspendido gobernador regional, Agustín Luque, su esposa, familiares y extrabajadores del Gobierno Regional, por presuntamente integrar una organización criminal.
El pedido alcanza a Narda Castillo Castillo, exgerente de Infraestructura y pariente de la esposa de Luque; Hilda Quispe Illacutipa, exjefa de Abastecimiento; Jhon Martínez Molina, exasesor jurídico, que se encuentra encarcelado junto con el gobernador suspendido; Enrique Almonte Pilco, exjefe de Recursos Humanos; Jhon Vargas Coha, Eva Yovana Apaza Gómez, Yovana Alvarado Calsín y Karina Huillca Huamán.
El requerimiento de prisión planteado por el procurador obedece a que mediante disposición N° 01-2022 de fecha 28 de febrero de 2022, se aperturó investigación preliminar contra los implicados que habrían tejido una organización para dirigir millonarias licitaciones; entre los supuestos negociados que se dirigió figura con mayor sospecha la construcción del hospital regional Manuel Núñez Butrón de Puno que demandó 329 millones de soles.
“Se observa que al interior del Gobierno Regional, varias personas conformaron una organización sólida para aprovechar el desempeño de sus funciones y cometer delitos en agravio de la institución, el gobernador Luque y su esposa serían los que liderarían esta presunta organización criminal, incluso antes de que Luque Chatña llegara al poder”, dijo.
A través de Pachamama radio, sostuvo que son varios delitos por los que se acusa a estas personas, por lo que demandó el pronto actuar de las autoridades del Ministerio Público.
