El abogado Nicolás Parada advirtió que el Ejecutivo y el Legislativo buscan silenciar protestas antes de las elecciones 2026. La iniciativa, debatida pronto en el Congreso, criminaliza el uso de capuchas en manifestaciones y atenta contra derechos constitucionales como la libertad de expresión.
La medida intimida a la población para evitar movilizaciones sociales, según Parada. «Estamos en una época de dictadura donde se callan las voces disidentes», afirmó. El proyecto también ignora que policías reprimen manifestantes sin identificación, lo que facilita impunidad en casos como ejecuciones extrajudiciales en Juliaca.
El especialista recordó que 80 congresistas que apoyan la ley buscan la reelección. «Aprobaron normas en su beneficio, incluso para usar fondos públicos en campañas», denunció. Esto refleja un patrón: priorizar intereses políticos sobre derechos ciudadanos, especialmente de jóvenes de la Generación Z.
En Juliaca, donde las protestas han sido históricamente reprimidas, la propuesta agrava la desigualdad. «El modelo económico actual privilegia a una élite que co-gobierna con figuras como el señor Títere y el señor Geri», explicó Parada. La ley, según él, busca mantener un status quo que margina a la mayoría.
La falta de identificación policial durante represiones es otro punto crítico. «No llevan marbetes, lo que encubre posibles delitos», señaló. Esto contrasta con la exigencia a manifestantes, generando un doble estándar que profundiza la desconfianza en las instituciones.
Parada subrayó que la iniciativa no será consultada. «En dictaduras no preguntan; imponen», afirmó. La población, sin embargo, debe identificar a los partidos que promueven estas leyes «pro-crimen» para exigir rendición de cuentas en las urnas.
La criminalización de la protesta en Perú refleja un patrón regional: usar el sistema legal para acallar disidencias. Mientras, la ciudadanía —especialmente en provincias como San Román— resiste con movilizaciones que exigen transparencia y justicia social.
