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Prórroga para la formalización minera: Una oportunidad y un reto

La prórroga para formalización minera busca evitar conflictos y mejorar registros con apoyo técnico y presupuesto que permita avanzar hacia una minería sostenible

Formalización minera en Perú se extiende por seis meses promoviendo diálogo entre el gobierno y pequeños mineros para superar registros y lograr desarrollo sostenible

El abogado Javier Bernal Salas, representante de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (CONAMYPE), informó que el gobierno ha extendido por seis meses el plazo para la formalización minera. Este nuevo plazo, según Bernal, brinda un respiro al sector, pero también plantea dudas sobre si será suficiente para completar el proceso.

La decisión se tomó luego de la promulgación de una ley que amplía el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Antes de este anuncio, los mineros artesanales habían advertido sobre posibles bloqueos de carreteras en todo el país. Ahora, esta medida busca evitar conflictos y abrir espacio para el diálogo entre el Estado y los pequeños mineros.

Bernal explicó que, aunque la prórroga es un avance, los problemas con los registros y los procedimientos dificultan la formalización total de los mineros. Por ello, instó al gobierno central y a los gobiernos regionales a trabajar de manera conjunta para superar estas dificultades.

El representante destacó que los gobiernos regionales necesitan más presupuesto y apoyo técnico para fortalecer el sistema de registro minero. También mencionó que en países vecinos, como Chile, el Estado desempeña un papel activo en el control tributario, medioambiental y en la comercialización, un modelo que podría servir de referencia para el Perú.

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Además, los mineros señalaron que el impacto ambiental no debe ser atribuido únicamente a la pequeña minería. Indicaron que todos los sectores, incluida la gran minería, tienen responsabilidades en este tema. También se planteó la necesidad de que el Estado recupere las concesiones ociosas para redistribuirlas de manera más equitativa.

Finalmente, Bernal enfatizó que este nuevo plazo debe ser aprovechado para fortalecer capacidades y no solo para fiscalizar. Señaló que el éxito de este proceso depende de un esfuerzo conjunto entre el gobierno y los mineros, priorizando el desarrollo sostenible y el cuidado del medio ambiente como una tarea compartida.

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