Desde hace cuatro años, la provincia de Chucuito opera sin una hoja de ruta que oriente sus inversiones públicas y gestión territorial. Esta ausencia de un plan de desarrollo concertado (PDC) actualizado plantea interrogantes sobre cómo se priorizan las obras públicas en una zona que requiere intervenciones inmediatas en servicios básicos e infraestructura.
En 2023, la gestión municipal presentó una nueva propuesta de PDC, pero hasta la fecha no ha logrado obtener la aprobación correspondiente. Este documento constituye la herramienta fundamental para orientar las inversiones públicas y la planificación territorial a mediano y largo plazo en la provincia puneña.
La Municipalidad Provincial de Chucuito-Juli enfrenta críticas por mantener desactualizado su plan de desarrollo concertado desde el año 2021. El alcalde Víctor Raúl Anchapuri Zapata justifica los retrasos argumentando la necesidad de realizar talleres descentralizados en los distritos de la provincia, incluyendo Kelluyo, Pisacoma y Desaguadero, proceso que ha extendido los plazos de aprobación.
El plan de desarrollo concertado representa la herramienta clave para articular las demandas poblacionales con las políticas públicas y proyectos de inversión. Su ausencia genera vacíos importantes en la planificación municipal, situación que repercute directamente en la eficiencia del gasto público local.
Esta desactualización limita significativamente la capacidad de respuesta del gobierno local ante las necesidades urgentes de la ciudadanía. Los indicadores sociales y económicos de Chucuito-Juli requieren intervenciones inmediatas que carecen de una planificación estratégica adecuada para su implementación efectiva.
Aspectos fundamentales como el acceso a servicios básicos, mejora de infraestructura vial, fomento de actividades productivas y protección ambiental quedan sin una guía estratégica clara. Esta situación genera incertidumbre sobre la dirección del desarrollo provincial en los próximos años.
La comunidad local cuestiona cómo se han priorizado las obras públicas sin contar con un plan actualizado desde 2021, planteando interrogantes sobre la efectividad de las inversiones realizadas y la coherencia de las decisiones municipales en materia de desarrollo territorial.
