Los productores de café de las provincias de Carabaya y Sandia denunciaron al ingeniero residente Edwin Jaime Cota Tito del Proyecto Cafés Especiales del Gobierno Regional de Puno por emitir conformidades de servicios nunca ejecutados. Los afectados reclaman servicios valorados en S/ 48 mil soles que fueron pagados sin haberse realizado en el mismo territorio, además de la poca seriedad en la ejecución de actividades promocionales.
La denuncia detalla la presunta ejecución fraudulenta de seis servicios específicos entre diciembre 2024 y mayo 2025. Se pagó S/ 13,000 por montaje de equipos sin ejecutar (conformidad 1528). Cotecas SRL obtuvo S/ 23,000 por capacitación técnica inexistente (conformidad 1067). Se cobró S/ 6,000 por facilitación no realizada.
También se pagó S/ 3,000 por catación profesional sin realizar (conformidad 1349). Se cobró S/ 3,000 por barismo no ejecutado (conformidad 1062). Inversiones Asociadas Vial facturó transporte de carga inexistente en diciembre 2024. Todas las órdenes registran pagos completos pese a servicios no prestados en territorio.
Los beneficiarios de Coasa, Ituata, Ollachea, Usicayos, Limbani, Patambuco y Phara exigen respuestas al gobierno Regional de Puno.
El gerente de desarrollo económico, José Lima Condori, ofreció respuestas ambiguas sobre las denuncias. Pese a firmar documentos de conformidad, alegó desconocimiento total sobre la ejecución y control de servicios. Los productores cuestionan si Lima Condori pretende encubrir los presuntos actos irregulares en la administración del proyecto regional.
Las maquinarias fueron entregadas a las siete cooperativas sin capacitación mínima para los beneficiarios directos. Los productores consideran esta situación «una burla a sus buenos deseos de superar su competitividad en el mercado cafetalero». La ausencia de preparación técnica limita el aprovechamiento de la inversión estatal realizada en equipamiento especializado.
Los denunciantes exigen intervención inmediata del gobernador Richard Hancco Soncco y de los consejeros regionales para fiscalizar el proyecto. Sospechan que algunos integrantes del grupo de autoridades conocen los malos manejos de Cota Tito y solicitan la separación de los tres funcionarios involucrados en las irregularidades administrativas detectadas.
