El Proyecto Integral de Agua y Desagüe para la provincia de San Román atraviesa una crisis de postergaciones que genera incertidumbre en Juliaca. El exdirigente Crisóstomo Benique Apaza reveló que el Gobierno posterga constantemente la obra, advirtiendo que podría no iniciar este año ni el próximo.
La ejecución del proyecto enfrenta constantes cambios de fechas desde el Ministerio de Vivienda. Inicialmente programado para octubre, luego se trasladó a noviembre y ahora a diciembre sin garantías de cumplimiento.
Benique Apaza señaló que la Unidad Coordinadora del Proyecto y la Oficina de Gestión de Proyectos incumplen sistemáticamente los plazos establecidos. Esta situación mantiene en vilo a toda la población juliaqueña.
El origen del retraso se relaciona directamente con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo gestionado por la exministra Hania Pérez de Cuéllar. Esta decisión cambió completamente el rumbo original del proyecto de infraestructura.
La intervención del BID introdujo nuevas condiciones y procedimientos que debe seguir el Ministerio de Vivienda. Benique Apaza explicó que ahora una entidad internacional maneja la obra con costos desconocidos para la población.
Antes del cambio, el proyecto contaba con un presupuesto asignado de 1,550 millones de soles ya establecido. Con estos recursos se había realizado un proceso de licitación internacional que quedó sin efecto.
El exdirigente responsabilizó al alcalde provincial Óscar Cáceres por aceptar unir el proyecto de agua con otras obras problemáticas. Esta decisión se tomó en una reunión en Lima durante el año 2021.
Los técnicos de Sedajuliaca advirtieron sobre los problemas del PTAR que enfrentaba un arbitraje internacional. También alertaron que el Drenaje Pluvial apenas estaba en fase de elaboración técnica en ese momento.
Los especialistas recomendaron empezar únicamente con el proyecto de agua que ya estaba completamente preparado. Sin embargo, el alcalde Cáceres asistió sin el respaldo de sus equipos técnicos especializados.
Benique Apaza afirmó que la autoridad edil desconoce los detalles por ser nuevo en el cargo municipal. La ausencia de especialistas debilitó la posición de Juliaca frente al Ministerio de Vivienda.
Los congresistas puneños tampoco han intervenido para solucionar este estancamiento que afecta a miles de familias. El exdirigente considera que ellos también comparten responsabilidad en la paralización de la obra.
Actualmente existe división entre los dirigentes por intereses personales que obstaculizan una defensa unificada. Benique Apaza mencionó comentarios sobre familiares trabajando en la UCP y favoritismo hacia empresas locales.
La Contraloría General emitió una advertencia sobre el proyecto que tiene viabilidad desde hace seis años. Este organismo alertó que la obra corre peligro por la inacción de las autoridades competentes.
La sociedad civil percibe pasividad preocupante de sus autoridades para exigir el avance de esta obra elemental. Benique Apaza lamentó el silencio de alcalde y dirigentes ante esta situación que afecta el desarrollo urbano.
El exdirigente propuso crear un comité de control social con profesionales, iglesia, sociedad civil y periodistas para fiscalizar técnicamente el proyecto. Esta medida garantizaría transparencia y supervisión ciudadana permanente en el proceso de ejecución.
