El congresista ilaveño Jorge Luis Flores Ancachi presentó un proyecto de ley que permitiría actividades extractivas en parques nacionales y santuarios históricos, la propuesta busca legalizar la extracción de hidrocarburos y otros recursos en espacios intangibles, lo que pondría en riesgo la biodiversidad y el patrimonio natural del Perú.
La iniciativa legislativa plantea que el Estado garantice el aprovechamiento de recursos renovables y no renovables, el objetivo sería aumentar el canon y sobrecanon para financiar obras de infraestructura y programas sociales en regiones y gobiernos locales, el proyecto ya está en evaluación en comisiones del Congreso.
De aprobarse, esta norma abriría la puerta a la explotación minera y petrolera en todas las áreas naturales protegidas del país, la protección de la diversidad biológica y los valores culturales quedaría subordinada a la extracción de recursos, organizaciones ambientales advierten un retroceso en la defensa del medio ambiente.
El proyecto permitiría que empresas extraigan hidrocarburos en parques emblemáticos como Manu y Bahuaja Sonene, así como en santuarios históricos como Machu Picchu, la actual legislación prohíbe estas actividades en espacios con alta diversidad biológica y fragilidad ecológica, la propuesta cambiaría esa protección.
La propuesta también debilita la institucionalidad del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el Poder Ejecutivo podría modificar áreas protegidas por decreto supremo, además, los ministerios de Energía y Minas y de Producción tendrían opinión vinculante en la creación y gestión de estos espacios.
El proyecto declara de interés nacional la exploración y explotación de hidrocarburos en regiones amazónicas como Loreto, Ucayali, Madre de Dios, San Martín, Pasco, Huánuco y Puno, sin embargo, especialistas señalan que no existen estudios técnicos ni económicos sólidos que respalden la viabilidad de esta medida.
La organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales recordó que el caso del gas de Camisea no ha garantizado el abastecimiento local tras veinte años de explotación, la mitad del gas extraído se exporta y las regiones cercanas siguen sin acceso al recurso, el proyecto no asegura beneficios reales para la población.
El texto legal podría violar el artículo 68 de la Constitución, que obliga al Estado a conservar la diversidad biológica y las áreas protegidas, además, el Perú incumpliría compromisos internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Marco Mundial de Biodiversidad.
La propuesta también contradice tratados internacionales como la Convención Marco sobre Cambio Climático, la Convención Ramsar de protección de humedales y la Convención Bonn para especies migratorias, el país arriesgaría sanciones y perdería prestigio ambiental a nivel global.
En 2023, el Ministerio de Energía y Minas y Perupetro intentaron modificar la Ley de Áreas Naturales Protegidas con un proyecto similar, el Ministerio del Ambiente lo declaró inviable por falta de sustento técnico, sin embargo, los intentos por flexibilizar la protección ambiental persisten en el Congreso.
