El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) enfrentará este 15 de enero el rechazo de la población al intentar colocar la segunda piedra del Proyecto Integral de Agua Alcantarillado (PIAA) en Juliaca. La obra, valorizada en S/ 1 mil 706 millones 410 mil 375, registra un avance físico de solo 0.3% tras dos años. Eusebio Cabrera Chunga, presidente de la Central de Barrios, denunció que el ministerio incumplió los estándares pactados y el proyecto en la cuerda floja por incumplimientos, pero ya se invirtió 4.3% del presupuesto, equivalente a S/ 72 millones 984 mil, pero las obras físicas no despegan del 0%.
La ejecución del proyecto, dividido en cuatro etapas, está paralizada en tres de ellas. Solo una subetapa de la primera fase se encuentra en proceso, pero sin entrega formal a Sedajuliaca. Cabrera cuestionó la falta de transparencia y la irresponsabilidad de la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP). “No hay avances reales, solo promesas incumplidas”, declaró el líder vecinal.
El Presupuesto Institucional Modificado para 2026 asignó S/ 352 millones 935 mil 250 al PIAA, pero hasta el 12 de enero no se registra inversión alguna. La población exige respuestas claras sobre el destino de los fondos y la viabilidad del proyecto. La falta de acción concreta aumenta el escepticismo sobre su culminación.
La empresa Vanessa Urrieta SRL, encargada de la primera etapa, fracasó en su ejecución. La segunda etapa, licitada, pero sin inicio, y la tercera, adjudicada al “Consorcio San Miguel”, generan dudas. Este último tiene antecedentes de abandono de obras en Lima, lo que alerta a los beneficiarios. “No queremos más piedras simbólicas, exigimos el inicio real de las obras”, enfatizó el dirigente.
La planta de tratamiento de agua potable, clave en la tercera etapa, es prioritaria para garantizar el abastecimiento. Sin embargo, su ejecución está en riesgo. Cabrera advirtió que, de no resolverse los problemas, el proyecto podría fracasar. La población, organizada en 217 urbanizaciones, reclama soluciones urgentes y transparencia en los procesos.
El Ministerio de Vivienda anunció una reunión virtual para responder las inquietudes planteadas en un memorial de seis puntos. Hasta ahora, no hay respuestas concretas. Cabrera insistió en que la comunidad no es intransigente, pero exige claridad sobre las funciones del PMO y la UCP. “Queremos agua potable, no más excusas”, recalcó.
La Central de Barrios de Juliaca rechazó la colocación de la segunda piedra programada para el 15 de enero. “No aceptaremos actos simbólicos sin obras reales”, declaró Cabrera. La comunidad exige el inicio inmediato de las etapas pendientes y la entrega formal de la subetapa 1. La falta de avances tangibles profundiza la desconfianza hacia las autoridades.
El proyecto, priorizado por ley en 2017, debía beneficiar a 217 urbanizaciones con agua y desagüe. Sin embargo, la gestión deficiente de la UCP y el incumplimiento de la empresa contratista han retrasado su ejecución. Cabrera señaló que la periferia, la más necesitada, sigue sin acceso al servicio. “Las obras deben empezar por quienes más lo requieren”, demandó.
