Juliaca vive momentos de angustia por el atraso de obras de saneamiento, valorizadas en más de noventa millones de soles, según Orlando Fernández Sejje, quien califica como grave la infiltración de extrabajadores de empresas contratistas en puestos estratégicos públicos.
El proyecto PMRI II, en su fase Medida 3, busca reemplazar tuberías con más de cincuenta años de antigüedad en Juliaca y San Miguel. Inicialmente costaba setenta y siete millones, pero los reiterados retrasos y cambios han encarecido la obra.
La suma invertida ya supera los noventa millones debido a veintidós ampliaciones presupuestales, que sumaron entre quince y dieciséis millones adicionales, sin que se logren avances significativos en la infraestructura prometida.
El cronograma inicial marcaba una ejecución de quince meses y un plazo de entrega en abril pasado, sin embargo, hoy el avance físico ni siquiera llega a la mitad, y otros frentes como Medida uno y Medida dos también están detenidos.
El Consorcio Constructor Juliaca, conformado por Sigma S.A.C. y GS Maquinarias y Constructora EIRL, se adjudicó este contrato millonario, aunque Fernández Sejje identifica presuntas complicidades entre excolaboradores del consorcio y funcionarios actuales.
Destaca el caso de Richard Sullca Cáceres, hoy asesor de la Municipalidad Provincial de San Román, pero antes integrante de GS Maquinarias, lo que configura una sospecha de conflicto de intereses en la toma de decisiones técnicas y financieras.
Fredy Armando Carita Faijó, actual gerente de SEDAJULIACA, también figura en registros como extrabajador de GS Maquinarias en un periodo reciente, justo antes de las adjudicaciones hoy observadas por la prensa y los vecinos.
Completa la lista Romario Cabana Alanoca, responsable de operaciones de la misma entidad, con empleos previos en la empresa beneficiaria, lo que refuerza los indicios de un patrón de favoritismo sistemático en la cadena de contratación pública.
En pleno desarrollo, se reemplazó a la supervisora original, Sex Consult Consulting, resolviendo unilateralmente su contrato y nombrando a otra compañía cercana al ejecutor, lo que allanó el camino para las ampliaciones y los sobrecostos actuales.
Sigma, integrante del consorcio, arrastra historial negativo por obras de saneamiento inconclusas en Desaguadero, Juli, Huancané y Arequipa, hechos que terminaron en resoluciones contractuales y cuestionan su idoneidad para nuevas licitaciones.
La dirección de usuario especial de SEDAJULIACA no fiscaliza ni supervisa las obras en progreso, permitiendo que la calidad y los plazos dependan únicamente de las decisiones de la empresa y su círculo más cercano.
Fernández Sejje compara la situación local con un “club de la construcción”, observando paralización de diversos proyectos municipales adjudicados por presuntos arreglos internos y estima un desfalco de un millón de dólares en la gestión de saneamiento.
Preocupa el silencio del alcalde provincial sobre las irregularidades, sumado a la falta de pronunciamiento de los regidores y del actual dirigente barrial, lo que aumenta el enfado y la frustración de los ciudadanos.
Ante la inacción institucional, Fernández Sejje se moviliza para exigir la separación inmediata de los funcionarios señalados y ya prepara documentos para acelerar los procesos ante las instancias superiores.
Vecinos y exdirigentes reclaman el firme castigo de los responsables del problema de saneamiento, como condición para restaurar la confianza en las instituciones y frenar futuras prácticas dañinas.
La Contraloría General y el Ministerio Público ya recibieron pedidos formales de intervención para investigar la malversación detectada, revisar contratos y determinar sanciones en favor del interés público.
Mientras tanto, la ciudadanía exige el retorno de los recursos y la instalación de mecanismos de control efectivos, esperando que los hechos recientes sirvan de lección y prevengan nuevos actos cuestionables.
