El presidente de la urbanización Los Chirihuanos, Orlando Fernández Sejje, denunció que la EPS Seda Juliaca no concluyó ninguno de los tres componentes del PMRI 2. La inversión supera los S/100 millones y las obras están paralizadas, con contratos resueltos y zanjas abiertas en varias vías de la ciudad.
El dirigente detalló el fracaso cronológico de las intervenciones programadas. “Ninguno de los componentes está terminado. De acuerdo al cronograma ya se deberían culminar las tres medidas”, afirmó. La medida 3, la más grande, contemplaba un presupuesto inicial de 77 millones que se amplió a 90 millones.
Las consecuencias físicas del desastre administrativo ya son visibles en las calles. El contrato fue resuelto y las zonas quedaron abandonadas con zanjas abiertas. El jirón Moquegua y los tanques elevados del cerro y Tambopata permanecen inconclusos, según precisó el representante vecinal durante la entrevista.
Fernández apuntó directamente contra los funcionarios que firmaron los acuerdos fallidos. El principal señalado es el señor Rodríguez Llaza, quien presidió el comité de licitación. “El directo responsable que ha firmado es Rodríguez Llaza, que sigue de funcionario”, declaró con precisión el dirigente.
La cadena de responsabilidad también alcanza al titular del pliego y los regidores municipales. El denunciante criticó la inacción total de la dirigencia que fiscaliza el proyecto integral de agua. Ningún fiscalizador presentó un documento sobre el avance o los plazos reales de culminación de las obras.
El riesgo de repetir una crisis similar al fallido proyecto de drenaje pluvial es inminente. La etapa dos del PIA no interviene donde el PMRI quedó en problemas. “Estamos yendo casi al camino del drenaje. Eso no queremos tener”, advirtió Fernández con preocupación creciente por el futuro.
Los damnificados directos serán los vecinos de barrios, urbanizaciones y avenidas abandonadas. La parálisis afecta vías donde se ubican centros educativos y postas de salud. El dirigente exigió a las autoridades actuar de inmediato para evitar que la población cargue con las consecuencias de la ineficiencia.
