En defensa de sus derechos culturales y lingüísticos, las autoridades originarias de la región Puno han confirmado su participación en las movilizaciones programadas para mañana 14 de mayo, sumando sus demandas específicas al pliego de reclamos nacional contra la inseguridad ciudadana y por la finalización del proyecto del gasoducto peruano.
Los representantes de comunidades quechuas y aymaras denuncian que el gobierno central está atropellando la ley de responsabilidad y vulnerando sus derechos ancestrales, razón por la cual se movilizarán junto a otras organizaciones sociales en una jornada que consideran preparatoria para protestas mayores previstas para finales de julio.
Las autoridades originarias manifestaron su preocupación por el incremento de la inseguridad en sus territorios, situación que afecta directamente a sus formas tradicionales de organización comunitaria y convivencia ancestral, exigiendo al gobierno medidas concretas para garantizar el respeto a sus costumbres y tradiciones milenarias.
Los dirigentes señalaron que esta movilización representa además un anticipo para prepararse para las protestas del 27, 28 y 29 de julio, fechas en las cuales abordarán con mayor profundidad las agendas temáticas específicas que afectan a los pueblos originarios de la región sur del país.
Entre las principales exigencias que los pueblos originarios sumarán al pliego de reclamos nacional se encuentra la derogatoria de la Ley 22293, que según, los dirigentes atenta directamente contra los derechos fundamentales de las comunidades quechuas y aimaras, ignorando sus particularidades culturales y formas de autogobierno.
Otra preocupación manifestada por los representantes indígenas está relacionada con el próximo censo nacional, donde denuncian intentos de invisibilización de su identidad cultural al no reconocerlos como pueblos originarios sino clasificarlos genéricamente como mestizos o bajo otras categorías que no respetan su autoidentificación.
Las autoridades originarias han enfatizado la importancia del derecho a la consulta previa, denunciando que el gobierno central toma decisiones que afectan directamente a sus comunidades sin respetar este mecanismo de participación reconocido en tratados internacionales y la legislación peruana, incrementando la tensión social en zonas rurales.
