La organización Tres Naciones, integrada por representantes quechuas, aimaras y urus, declaró persona no grata al presidente José Jeri y a los congresistas de la República. El pronunciamiento surge tras la aprobación de ocho leyes y decretos —como la 31571, 3281 y 1585— que, según denuncian, «nutren la delincuencia y criminalizan la protesta social», vulnerando el Convenio 169 de la OIT sobre autonomía de los pueblos indígenas.
El consejo directivo, integrado por Juvenal Sandro Gil Hallasi, advirtió que el Congreso —con solo 2% de aprobación— carece de legitimidad. «Un margen de error estadístico podría dejarlo en 0%», señalaron. La medida también responde a la expulsión de embajadores de México y Cuba, mientras se omite sancionar a Brasil por proteger a Nadine Heredia, condenada por corrupción.
«Están rompiendo el Estado de derecho», afirmó Gil Hallasi. Criticó que el Legislativo y el Ejecutivo ignoren tratados internacionales y prioricen intereses políticos. «Si hoy atropellan el Convenio 169, mañana eliminarán la consulta previa», alertó. La organización exige respetar la autonomía económica, administrativa y política de las comunidades, reconocida en normas internacionales.
El rechazo se extiende a José Jeri, excongresista y actual presidente interino, acusado de ser «parte de la misma estructura» que aprobaron leyes para beneficiar a grupos políticos. «Han matado a 21 personas por negligencia y ahora quieren callarnos», recordaron, citando la muerte de seis soldados en protestas recientes.
La respuesta ciudadana se organiza bajo el hashtag #PorEstosNo, que el Congreso intenta censurar con un proyecto de ley. «Prohibir la crítica es fascismo», denunció Gil Hallasi. Advirtió que las «dictaduras modernas no usan tanquetas, sino leyes» para silenciar disidencias, como la persecución a Betsy Chávez por delitos comunes, no políticos.
«No somos hipócritas: si esto fuera democracia, no prohibirían marchas ni opiniones», replicaron a quienes cuestionan su postura. La organización anunció movilizaciones y llamó a la población a usar las urnas para revocar a quienes «piratean la voluntad popular». «La bicameralidad que impulsan solo busca perpetuarse en el poder», añadieron.
El conflicto refleja la tensión entre el Estado y los pueblos originarios, que exigen respeto a sus derechos históricos. Mientras el gobierno acusa a las protestas de desestabilizar, las comunidades insisten: «Sin autonomía, no hay democracia». El pronunciamiento de Tres Naciones marca un punto de quiebre en la relación con Lima, donde el 2% de apoyo al Congreso contrasta con el respaldo masivo a Claudia Sheinbaum en México.
