Comunidades campesinas y pueblos originarios de Puno se reunirán este 6 de junio en la Universidad Nacional del Altiplano. El Apu Mallku Leopoldo Dante Quispe confirmó la cita para organizar resistencia contra leyes que vulneran sus derechos ancestrales.
El encuentro regional busca unificar a las comunidades quechuas y aimaras. Su principal objetivo es exigir respeto a la consulta previa y a los derechos consuetudinarios, ante lo que consideran atropellos de autoridades nacionales.
Gloria Quispe Tito, presidenta de la comunidad Cara a Cara en Lampa, coordinará la zona quechua. Ella rechaza leyes como la 32923 y la 32293, que a su juicio privatizan recursos hídricos y tierras comunales.
Dichas normas son percibidas como amenazas directas a la supervivencia de las comunidades. Según sus líderes, facilitan la pérdida de control sobre agua y tierra, bases de su agricultura y vida diaria.
Vladimir Blas Tintaya Chuquimamani coordinará la zona aimara. Él subraya la exigencia de autodeterminación y consulta previa, derechos reconocidos en convenios internacionales pero ignorados según su perspectiva.
Esta movilización en Puno se alinea con un patrón nacional de resistencia indígena. Diversas regiones enfrentan leyes que priorizan actividades extractivas sobre territorios ancestrales.
Entre las normas cuestionadas figuran la Ley 30230 o «Paquetazo Ambiental», y la Ley 30151. También mencionan el Decreto Legislativo 1620 y la Ley 32293 sobre expropiación de tierras.
Gloria Quispe hizo un llamado urgente a la unidad entre quechuas y aimaras. Instó a deslindar de dirigentes que, según su visión, dividen a las comunidades con posturas contrarias a sus intereses.
La convocatoria espera congregar a representantes de las trece provincias de Puno. La sede será el local de la Universidad Nacional del Altiplano en la ciudad de Puno, desde horas de la mañana.
Este segundo encuentro regional podría marcar un punto decisivo en la articulación de la resistencia. Los organizadores proyectan acciones coordinadas para defender sus recursos y derechos constitucionales.
