¿Puede el expresidente José Pedro Castillo Terrones participar como candidato en las elecciones 2026 tras el fracaso del Congreso para inhabilitarlo políticamente al alcanzar solo 44 votos de los 68 requeridos? La respuesta es no, debido a que la Constitución prohíbe desde 2019 que personas condenadas en primera instancia postulen a cargos públicos, según explicó el analista político Fernando Tuesta.
La modificación constitucional de 2019 establece una barrera automática para condenados en primera instancia, mientras el Poder Judicial impuso a Castillo sentencia de 11 años y cinco meses de prisión por conspiración para la rebelión además de dos años de inhabilitación, situación que hace innecesaria la inhabilitación parlamentaria adicional que algunos congresistas intentaron aprobar sin éxito.
«Podrán inscribirlo, pero va a proceder una tacha. Es casi por gusto hacer un poco de movimiento, tratar de asociar Juntos por el Perú con Castillo, pero es imposible que pueda candidatear», declaró Tuesta.
Impedimento constitucional vigente
La norma constitucional aprobada en 2019 impide automáticamente que Castillo participe como candidato independientemente de la inhabilitación parlamentaria, mientras el partido Juntos por el Perú tenía previsto que el expresidente encabezara la lista de Senado para las elecciones 2026, estrategia que resulta inviable por el impedimento legal establecido en la Carta Magna.
Cualquier intento de inscripción de Castillo como candidato enfrentará un procedimiento de tacha ante el Jurado Nacional de Elecciones por incumplir los requisitos constitucionales establecidos para postular, situación que convierte en imposible su participación electoral efectiva pese a que formalmente mantiene derechos políticos por la falta de inhabilitación parlamentaria.
El análisis político señala que la asociación del partido Juntos por el Perú con la figura de Castillo busca captar respaldo electoral mediante su imagen, pero la combinación de la condena judicial en primera instancia y la prohibición constitucional vigente desde 2019 impide materialmente su candidatura en las Elecciones Generales 2026.
