El alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno, Javier Ponce Roque, cuestionó el documento enviado por la Fiscalía, donde le solicitan los nombres de los dirigentes del sector comercio que estarían tras las movilizaciones, y calificó ello como un acto de persecución y criminalización de las protestas.
Según Oficio N° 018-2023, firmado por el jefe la Depincri Puno, capitán PNP Manuel Chaca Evangelista, por encargo del titular de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Puno, Juan Carlos Mendizábal Gallegos; dirigido al alcalde de Puno, le solicitan la relación de asociaciones de comerciantes registrados en dicha entidad del Estado.
Requieren esta información con carácter de “muy urgente, a fin de continuar con las investigaciones por la comisión del presunto delito contra la seguridad pública, en la modalidad de delitos contra los medios de transporte y comunicaciones y otros servicios públicos”, según precisa el documento.
Al respecto, la autoridad edil indicó que no atenderá ese pedido, porque no posee esos registros, y consideró que lo que hace el gobierno es criminalizar las protestas, incluso más que la dictadura fujimorista, “esto pareciera una persecución contra los dirigentes”, señaló.
