El representante minero, Arturo Calcines confirmó la anulación del Decreto Supremo 767 que paralizaba las operaciones de la Corporación Minera Ananea. Este logro histórico se alcanzó tras siete horas de reunión con el gobierno regional en Puno el día de ayer. La medida permite proyectar el reinicio inmediato de las actividades mineras que afectaban a miles de personas en la provincia de San Antonio de Putina.
La normativa había dejado sin efecto las operaciones de la Corporación Minera, hecho que Calcines calificó este resultado como «el único avance concreto» obtenido durante la extensa jornada de diálogo que se prolongó hasta altas horas de la noche. Este paso fue calificado como fundamental para la población minera que depende económicamente de estas labores en la zona altoandina.
Más de siete mil personas participaron en la reciente marcha organizada en la ciudad de Puno. Los manifestantes llenaron completamente la histórica plaza de armas del departamento altiplánico en una demostración masiva de unión que evidenció la determinación de los trabajadores del centro poblado minero en defensa de su trabajo.
Nueva mesa de diálogo definirá fecha de reinicio
Calcines y los trabajadores tienen prevista una nueva mesa de diálogo hoy a las cuatro de la tarde. El objetivo central de esta reunión es establecer «el día exacto para el reinicio de las labores» en la zona minera, así como futuros acuerdos que garanticen la continuidad de las operaciones según confirmaron los dirigentes.
Los representantes de Corporación Minera Ananea no asistieron a la reunión con el gobierno regional, hecho que Calcines lamentó declarando que ni un solo delegado se presentó en la importante mesa de diálogo convocada para resolver el conflicto. La empresa hizo caso omiso a la convocatoria oficial y será notificada nuevamente para participar en futuras reuniones.
Los trabajadores proponen implementar medidas de seguridad concretas para la zona operativa de Ananea. Esto incluye la culminación de un cerco perimétrico, instalación de torreones y cámaras secretas para control estratégico, elementos que permitirán fiscalizar y vigilar eficazmente todos los ingresos a la zona de operaciones mineras del distrito.
Reempadronamiento y control social interno
La sociedad civil se compromete a reempadronar a todas las personas que trabajan en la zona minera con el propósito de identificar individuos de mal vivir y conocer sus antecedentes en los barrios para mejorar la seguridad. Esta medida ayudará a fortalecer la organización social interna y garantizar la convivencia pacífica entre los más de siete mil trabajadores.
Una comisión presentó un documento formal a la municipalidad de La Rinconada solicitando su intervención urgente pidiendo una ordenanza de consejo para «el cierre total de locales de perdición» y prohibir la venta de bebidas alcohólicas. También solicitan eliminar completamente el expendio de alcohol en todo el centro poblado para garantizar mayor seguridad y orden social.
