Tres meses han transcurrido desde que el gobierno regional dejó en segundo lugar a Puno para la construcción del Colegio de Alto Rendimiento (COAR), mientras un proceso sobre los predios en Juliaca continúa sin resolución definitiva. Javier Ponce Roque, alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno, mantiene su posición de recuperar el proyecto que considera originario de su jurisdicción, pese a los avances registrados en la provincia de San Román.
La estrategia del alcalde puneño se centra en argumentos técnicos que, según su perspectiva, favorecen al terreno en Cancharani frente a los predios de Taparachi en Juliaca. La ubicación de Puno cuenta con servicios básicos completos, situación que contrasta con las limitaciones que presenta la zona seleccionada por el Ministerio de Educación en la provincia vecina, manifestó el alcalde.
«Con aspecto técnico y legal vamos a conseguir la construcción del COAR», declaró Ponce Roque, quien enfatizó que el proyecto primigenio nació en Puno y debe continuar en esa jurisdicción. El alcalde reveló que los terrenos juliaqueños carecen de agua, luz y acceso adecuado de transporte, elementos fundamentales para el funcionamiento de una institución educativa.
La anulación de la medida cautelar que pesaba sobre los terrenos de Juliaca representa apenas un avance inicial en un proceso que el alcalde considera prolongado. Según Ponce, esta decisión enfrentará oposición sindical y tomará considerable tiempo en resolverse, mientras Puno mantiene su preparación para ejecutar la obra de manera inmediata.
El silencio del gobernador regional, Richard Hancco, preocupa al alcalde puneño, quien confirmó haber cumplido con las notificaciones correspondientes a los tres niveles de gobierno. La falta de respuesta oficial sobre la segunda opción prometida a Puno genera incertidumbre en una gestión que busca hacer valer sus derechos administrativos y técnicos.
Ponce Roque reveló que el gobierno provincial, regional y nacional fueron debidamente notificados, pero el gobernador no ha abordado el tema en los últimos tres meses. Esta situación mantiene latente la preocupación de las autoridades puneñas, quienes esperan una definición que reconozca su posición secundaria en el proceso.
La firma del convenio involucra tanto al gobierno provincial de San Román como al gobierno regional con el Ministerio de Educación. El alcalde confirmó estar pendiente de la documentación y cumplir estrictamente los requisitos establecidos por PRONIED, dependencia del sector educativo encargada del proceso.
Las autoridades puneñas denuncian direccionamiento político desde la presidencia de la República, situación que habría influido en el trato recibido por funcionarios del PRONIED. Ponce Roque sugiere que la falta de acercamiento político con la mandataria podría estar afectando las decisiones técnicas del proceso, aunque confía en los aspectos legales que respaldan su propuesta.
