El vocero de la Generación Z, Jorge Calmet Zegarra, afirma que el Perú vive un autoritarismo descarnado y abiertamente abusivo, con una inseguridad ciudadana desmedida que ha causado cerca de 5,000 asesinatos durante la gestión de Dina Boluarte, mientras el crimen organizado opera sin control alguno.
El incremento del crimen organizado impacta fuertemente a toda la población en su vida cotidiana. Miles de personas sufren extorsiones de manera constante, afectando gravemente la tranquilidad y el desarrollo normal de las actividades comerciales en diferentes regiones del territorio nacional.
La extorsión ha provocado el cierre de aproximadamente 7,000 bodegas a nivel nacional según las cifras manejadas por el vocero. El crimen organizado actúa como le da la gana y opera sin ningún tipo de control por parte de las autoridades competentes del Estado peruano.
Calmet Zegarra señaló que la inseguridad aumentó principalmente en Lima, Trujillo y determinadas zonas de Arequipa, Huancayo e Iquitos. El crimen organizado se está expandiendo por diversas regiones del país, amenazando la estabilidad social y económica de las poblaciones más vulnerables.
La policía es descrita por el vocero como sumamente corrupta y abusiva hacia los ciudadanos. Los efectivos policiales no investigan adecuadamente el crimen organizado, permitiendo que estas estructuras delictivas continúen operando con total impunidad en el territorio nacional.
Las autoridades utilizan más de 5,000 policías para enfrentar a los manifestantes que expresan su descontento social. Esos agentes reprimen, encierran y atacan a los ciudadanos que ejercen su derecho constitucional a la protesta pacífica en diferentes puntos del país.
Calmet Zegarra sostiene que la respuesta del Estado es totalmente desproporcionada frente a las manifestaciones ciudadanas. El joven Samuel Rodríguez permanece detenido con prisión preventiva, evidenciando el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades contra los manifestantes.
El vocero remarcó que Samuel fue acusado de agredir a un policía mucho más grande y pesado físicamente. El joven actuó en legítima defensa ante la agresión policial, pero las autoridades procesaron el caso como si fuera el agresor principal.
En otra manifestación de pequeñas dimensiones, la policía disparó un perdigón a la cadera de un joven llamado Rumi. El perdigón tenía un diámetro de cinco centímetros, causando heridas graves que requirieron atención médica inmediata en centros hospitalarios especializados.
Los centros de salud no quisieron recibir inicialmente a Rumi, lo cual constituye un delito grave contra el derecho a la salud. La presión popular obligó al Hospital Loayza a brindarle la atención médica necesaria para tratar sus heridas por el impacto del perdigón.
La policía acudió posteriormente al hospital para intentar llevarse el perdigón como prueba del ataque realizado. Los agentes intentaron amedrentar tanto a los médicos como al propio Rumi, buscando manipular las evidencias del uso desproporcionado de la fuerza policial.
Los políticos del Congreso y del Ejecutivo no quieren escuchar las demandas de la ciudadanía peruana. El ministro Carlos Malaver y el exministro Juan José Santiváñez afirman constantemente que todo funciona perfectamente en materia de seguridad ciudadana, negando la realidad que vive la población.
La solución exigida por la población es la vacancia de la presidenta Boluarte debido a su incapacidad de gobierno. Sin embargo, Boluarte no tiene la capacidad política ni moral de renunciar voluntariamente al cargo que ocupa desde diciembre de 2022.
Calmet Zegarra indicó que el Congreso protege a Boluarte porque necesita mantener el control absoluto de la policía nacional. La policía resguarda a congresistas y ministros de las investigaciones por corrupción que podrían comprometer sus carreras políticas y su patrimonio personal.
El vocero señaló que la policía que protege a la corrupción también resguarda a organizaciones criminales del país. Los efectivos policiales reciben coimas o dinero por brindar esa protección ilegal a estructuras delictivas que operan en diferentes rubros económicos ilícitos.
Existen congresistas vinculados directamente al narcotráfico y la minería ilegal en diversas regiones del territorio nacional. Estos políticos no sueltan el poder porque sus casos serían investigados inmediatamente si perdieran la inmunidad parlamentaria que actualmente los protege.
La Generación Z está mejor informada que las generaciones anteriores gracias al acceso a la tecnología. Los jóvenes entienden claramente que las ideologías de izquierda o derecha no son más que engaños utilizados por la clase política tradicional para manipular a la población.
Los jóvenes peruanos se organizan por cuenta propia sin manipulación de políticos tradicionales o partidos establecidos. Ellos han decidido actuar políticamente porque consideran que la situación actual del país ya no da para más y requiere cambios estructurales profundos.
Jorge Calmet Zegarra remarcó que los jóvenes de la Generación Z serán muy determinantes en las próximas elecciones presidenciales. Este segmento poblacional representa más de tres millones de votos en total, constituyendo una fuerza electoral significativa que podría cambiar el panorama político nacional completamente.
El vocero pide a todos los peruanos involucrarse activamente en la vida política del país. La política afecta directamente la seguridad ciudadana, la calidad de la educación y el acceso a servicios de salud de todos los peruanos sin distinción de clase social.
