Una banda criminal integrada por cinco efectivos policiales ejecutó un robo agravado el jueves 24 de julio en la comunidad Huilasipe, centro poblado de Jayu Jayu, distrito de Acora, provincia de Puno. Los policías Víctor Hugo Nina Yujra y Elizabeth Nina Yujra sustrajeron 4,800 soles de un comunero tras la venta de ganado. Víctor Hugo habría fugado a Bolivia según hipótesis policial, mientras Elizabeth permanece detenida por este ilícito cometido en reiteradas oportunidades.
La operación criminal se ejecutó utilizando un vehículo particular donde se encontraron mordazas y pasamontañas empleados para secuestrar al comunero Herbi Orestes Churata López. Los efectivos no tenían jurisdicción en la zona, pues no pertenecen a la comisaría de Acora, generando mayor indignación entre los habitantes. La población local exige justicia inmediata y prisión preventiva para todos los implicados en esta grave transgresión del orden público.
Los comuneros acusan al alférez Fernando Fabricio Rojas Puertas y al suboficial Julio César Carrión Vargas de encubrir los hechos delictivos, impidiendo testimonios de testigos presenciales. Estos oficiales registraron falsamente el incidente como “detención con lesiones graves”, omitiendo deliberadamente el robo de dinero y la irregular privación de libertad del comunero. La tergiversación de información evidencia la participación de más efectivos en la estructura criminal organizada.
La comunidad aimara confirma que cinco policías participaron en los hechos delictivos y exige la restructuración completa del personal policial de Acora. “Es indignante que quienes deben protegernos sean los que nos atacan”, declaró Jean Larico, alcalde del centro poblado. Los dirigentes comunales advirtieron que tomarán medidas drásticas si las autoridades no actúan en las próximas 24 horas contra los responsables del escándalo.
La fiscalía de Acora inició las diligencias correspondientes, pero la desconfianza comunitaria hacia las instituciones es evidente tras el intento de encubrimiento. “No podemos permitir que la fiscalía tape a los policías”, expresaron los comuneros, reflejando el sentimiento generalizado de desprotección. Los habitantes temen que la impunidad prevalezca nuevamente en casos de corrupción policial, exigiendo transparencia en las investigaciones judiciales correspondientes.
Informes policiales revelan que los oficiales implicados tienen antecedentes negativos y podrían integrar una banda dedicada al robo y tráfico de drogas. La comunidad exige investigación exhaustiva de todos los involucrados, incluyendo quienes intentaron encubrir el delito mediante falsificación de documentos oficiales. Las autoridades regionales deben actuar con contundencia para desarticular esta estructura criminal que opera desde las propias filas policiales en la zona.
El general Jorge Tomás Guardia Riberos, jefe de la Macro Región Policial Puno, fue instado a tomar medidas inmediatas contra los efectivos corruptos. “El general debe actuar con mano dura y dar de baja a estos efectivos”, declaró el alcalde Larico. Los dirigentes solicitaron intervención directa del Ministerio del Interior y la Fiscalía de la Nación para garantizar justicia en este grave caso.
La víctima Herbi Orestes Churata López presentó su declaración formal en la División de Investigación Criminal, proporcionando detalles cruciales sobre la modalidad operativa criminal. Los testigos confirman que los efectivos actuaron con conocimiento previo de las actividades económicas del comunero, sugiriendo vigilancia previa. Esta información refuerza la hipótesis de una banda organizada que opera sistemáticamente en la región puneña con participación policial.
La comunidad aimara advirtió que repetirá las acciones ejecutadas en Ilave y Juli, donde expulsaron efectivos policiales por casos similares de corrupción. Los dirigentes comunales mantienen la exigencia de captura inmediata de todos los policías prófugos, especialmente de Víctor Hugo Nina Yujra, quien habría cruzado la frontera boliviana. La tensión social aumenta mientras las autoridades no demuestren resultados concretos en las investigaciones.
La situación genera un clima de incertidumbre en Acora, donde los comuneros exigen seguridad genuina y justicia efectiva contra la corrupción policial. “No queremos más policías corruptos en nuestra comunidad”, concluyó el alcalde Larico, expresando el clamor de una población agotada por la impunidad. Las próximas horas serán decisivas para determinar si las autoridades responden adecuadamente a las demandas ciudadanas de justicia y transparencia institucional.
