La Contraloría General de la República detectó que la Dirección Regional de Educación Puno entregó depósitos directos a cuentas personales en lugar de vales de alimentación, generando un perjuicio económico de S/ 808 830, afectando a más de 180 trabajadores de 25 entidades educativas durante 2022.
Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 038-2025-2-0741, los pagos se realizaron entre enero y noviembre de 2022, incumpliendo el Decreto Supremo n.° 012-2019-EF, que exigía cupones o vales físicos como única modalidad válida para este beneficio laboral.
«La entidad no remitió la documentación de sustento correspondiente a los pagos de abril a noviembre de 2022, pese a los reiterados requerimientos de la comisión auditora y el Órgano de Control Institucional», señala el informe de auditoría de la CGR.
Ocultamiento de documentos agrava la responsabilidad de funcionarios
La auditoría reveló además el ocultamiento activo de documentación que sustentaba los pagos irregulares, lo que limitó la transparencia y el control del uso de recursos públicos, impidiendo verificar la legalidad total del beneficio otorgado.
El perjuicio de S/ 808 830 afecta directamente al presupuesto educativo regional, comprometiendo fondos destinados a trabajadores administrativos de 25 entidades, en un contexto donde la falta de transparencia debilita la gestión pública en la región Puno.
El informe fue remitido al titular de la DRE Puno para acciones administrativas y a las procuradurías correspondientes, a fin de evaluar medidas legales contra seis funcionarios con presunta responsabilidad civil, penal y administrativa por los hechos auditados.
