La falta de responsabilidad filial en Puno obliga a que más ancianos recurran a la vía judicial para exigir alimentos a sus hijos, una realidad que evidencia el abandono económico y emocional que sufren quienes dedicaron su vida al sostén de su familia.
El CIAM de Puno reporta diez casos confirmados de adultos mayores en situación de desamparo familiar, Ricardo Espejo, encargado de la oficina, afirmó que las demandas por alimentos contra hijos incumplidos fueron remitidas a la Defensoría Pública para su trámite legal.
Espejo explicó que existen abogados gratuitos en Puno quienes redactan y presentan demandas de alimentos en favor de padres afectados, admitió que la cifra oficial solo refleja los expedientes conocidos, pues estima que deben existir otros casos no reportados formalmente.
El funcionario señaló que los adultos mayores logran en la mayoría de casos que la justicia ordene el pago de alimentos, aseguró que este apoyo económico generalmente solo llega tras promover acciones legales, nunca por iniciativa directa de los hijos responsables.
La problemática muestra un cambio preocupante en la estructura social puneña, donde el cuidado a los ancianos ya no se asume como valor familiar, sino únicamente como obligación legal ante el riesgo de una demanda judicial impulsada desde los servicios sociales.
El apoyo de la Defensoría Pública resulta clave en este nuevo escenario, los abogados manejan los litigios hasta obtener la sentencia favorable, mientras el vacío de solidaridad se hace cada vez más evidente en hogares que antes valoraban el respeto y retribución a los mayores.
Ricardo Espejo insiste ante las familias que alimentar y cuidar a los padres debe ser un deber incuestionable, sin embargo, admite que la realidad muestra la necesidad de protección judicial para garantizar que los derechos de los adultos mayores sean efectivamente respetados.
Esta situación en Puno grafica una tendencia más amplia donde los ancianos, tras décadas de dedicación, enfrentan una vejez marcada por el abandono, la única garantía de sustento queda en manos de abogados y jueces que canalizan los reclamos por alimentos.
