Lágrimas de impotencia y temor marcaron la jornada de protesta que protagonizaron más de 150 propietarios en los exteriores de la Fiscalía Provincial de Puno, quienes denuncian amenazas y demoliciones ilegales en sus predios ubicados en el sector Chacarilla Alta. Los manifestantes exigen justicia ante lo que consideran un caso de tráfico de terrenos que los ha dejado sin acceso a sus terrenos.
Richard Flores se encuentra en el centro de una disputa legal que involucra a 154 socios por la propiedad de extensas hectáreas en Chacarilla Alta Lote 2, ubicadas en Ventilla, distrito de Puno. Los afectados aseguran que Flores les habría impedido el ingreso a terrenos que consideran de su legítima propiedad, generando un conflicto que ha escalado hasta instancias judiciales.
Cristina Cruz, quien se identifica como propietaria de la zona, denunció fuertes irregularidades en cuanto a los predios donde actualmente no se les permite el ingreso a los legítimos posesionarios. La propietaria confirmó que ya se habrían demolido algunas viviendas a pesar de que cuentan con documentos que acreditan su posesión sobre los terrenos en disputa.
Los manifestantes acusan a Flores de amenazarlos e impedir su acceso a sus terrenos, razón por la cual decidieron protestar frente al Ministerio Público. Las denuncias apuntan a un presunto esquema de tráfico de terrenos donde sindicaron a Flores como parte principal de una organización dedicada a quitar terrenos a sus legítimos propietarios.
Entre lágrimas, los afectados relataron que temen por su vida debido a que Richard Flores sería una persona bastante influyente en Puno. Este temor a las represalias ha generado que muchos propietarios eviten acercarse a sus predios, situación que habría sido aprovechada para consolidar la ocupación irregular de los terrenos.
Los propietarios señalaron que la policía y el Ministerio Público no les proporcionan información clara sobre la situación actual de su proceso legal. Esta falta de comunicación genera mayor incertidumbre entre los afectados, quienes confirman que los terrenos ya se encuentran judicializados pero desconocen el estado del proceso.
La disputa judicial estaría marcada por presuntas irregularidades procesales que incluyen notificaciones sospechosas y la aparente vinculación entre abogados de las partes. Los denunciantes sospechan que estos elementos podrían estar relacionados con el juez que conoce el caso, situación que consideran compromete la imparcialidad del proceso.
Los 154 socios continúan su lucha legal por recuperar sus terrenos en Chacarilla Alta, mientras esperan que las autoridades investiguen las denuncias presentadas contra Richard Flores. La protesta frente a la fiscalía representa su último recurso para visibilizar un caso que consideran se trate de tráfico de terrenos en la región.
