La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno dictó nueve meses de prisión preventiva contra Henry Gómez por presunta falsificación de documentos públicos y fabricación de sellos oficiales en agravio del Estado. El fiscal provincial Herbert Callata Chura logró esta medida coercitiva tras presentar elementos de convicción ante el juzgado competente. Los investigados José Quispe y Jhancarlos Callo cumplirán comparecencia con restricciones por su participación en el caso. La medida busca asegurar el desarrollo de las investigaciones fiscales.
El caso inició cuando personal de una notaría de Puno detectó irregularidades en una escritura pública que simulaba una compraventa de terreno en Salcedo. Jhancarlos Callo figuraba como supuesto vendedor y José Quispe como comprador en el documento observado. Los investigados presentaron fólderes, sellos y firmas falsificadas ante la notaría para concretar la operación fraudulenta. La revisión documental permitió identificar las inconsistencias que alertaron a los funcionarios notariales sobre la posible comisión delictiva.
El Ministerio Público coordinó con la Policía Nacional la detención de los tres investigados tras conocer los hechos denunciados. Las autoridades realizaron un allanamiento en la vivienda de Henry Gómez donde hallaron material probatorio crucial. Los agentes incautaron sellos, membretes y documentos de notarías de Puno, Juliaca y Arequipa, además de materiales presuntamente utilizados para elaborar documentos falsos. El operativo policial permitió desarticular la presunta red de falsificación documental.
Traslado a penal y continuidad de investigaciones
Henry Gómez será trasladado al establecimiento penitenciario que disponga la autoridad competente para cumplir la prisión preventiva. Las diligencias fiscales continúan para determinar el grado de participación y responsabilidad penal del investigado. El fiscal Callata Chura presentará recurso de apelación contra el mandato emitido por el juzgado respecto a los otros dos implicados. La Fiscalía busca revertir la medida de comparecencia otorgada a Quispe y Callo.
La investigación fiscal apunta a esclarecer la magnitud de la red de falsificación y determinar si existen más víctimas afectadas. Los documentos incautados en el domicilio allanado sugieren una operación organizada con alcance en tres ciudades del sur peruano. El delito de falsificación de documentos públicos compromete la seguridad jurídica del sistema notarial y registral nacional. Las autoridades evalúan si los sellos incautados fueron utilizados en otras transacciones fraudulentas anteriores.
El Ministerio Público mantiene activas las líneas de investigación para identificar posibles cómplices o beneficiarios de los documentos falsificados. La colaboración entre la Fiscalía y la Policía Nacional resultó determinante para desarticular esta presunta organización criminal. Los tres investigados enfrentan cargos por uso de documento público falso y fabricación de sellos oficiales, delitos que atentan contra la fe pública. El caso evidencia la importancia de los controles notariales para prevenir operaciones irregulares en el sistema de transferencia de propiedades.
