Los tenientes gobernadores de Capachica de la provincia de Puno, se alistan para viajar a Lima con recursos propios, recolectando dinero para exigir explicaciones sobre el abandono del embarcadero de Llachón. El regidor distrital Victoriano Apaza confirmó que la obra presenta serias demoras con solo 15% de avance presupuestal de los 18 millones de soles asignados inicialmente, mientras el progreso físico permanece prácticamente en estado inicial tras meses de haberse anunciado el inicio de proyecto.
El Consorcio Santa María, empresa ganadora del proceso licitatorio a través del plan COPESCO, subcontrató la ejecución de los trabajos a terceros. Apaza denunció que la empresa no pagó oportunamente a sus trabajadores ni el alquiler de maquinarias, provocando el abandono masivo de las labores en el centro poblado de Llachón, situación que genera preocupación entre las autoridades locales.
La obra presenta una discrepancia notable entre el avance financiero reportado y el progreso físico observable en el terreno. El regidor explicó que mientras los registros indican 15% de gasto presupuestal, el avance físico se encuentra prácticamente en etapa inicial, evidenciando irregularidades en la gestión del proyecto de infraestructura turística.
Las autoridades locales denuncian que el residente de obra desapareció del proyecto, ocultándose y evitando responder las llamadas telefónicas de los funcionarios distritales. Esta situación se agrava por los constantes viajes del alcalde de Capachica a Lima, quien semanalmente debería traer resultados concretos sobre el avance del embarcadero que beneficiaría al sector turístico local.
El Consorcio Santa María justifica el retraso alegando que los pilotes provienen de Colombia, argumento que el regidor Apaza califica como una excusa injustificada. «¿Por qué tenían que tener los pilotes de Colombia? En Perú como también se puede hacer, en Juliaca se puede hacer los pilotes», cuestionó la autoridad municipal sobre la procedencia de los materiales utilizados en la construcción.
La naturaleza binacional del consorcio, integrado por empresas de Perú y Colombia, no justifica según las autoridades locales la dependencia de materiales importados para la ejecución del proyecto. Apaza considera que esta situación representa una estrategia dilatoria que perjudica los plazos establecidos contractualmente para la culminación de la obra.
El expediente técnico establece 11 meses como plazo de ejecución, periodo que inició en septiembre de 2024 y debería culminar en julio de 2025. Sin embargo, el avance del 15% actual hace imposible cumplir con el cronograma establecido, generando incertidumbre sobre la fecha real de entrega del embarcadero.
La propuesta del regidor Apaza consiste en expulsar al Consorcio Santa María y contratar una nueva empresa que demuestre capacidad real de trabajo. Las autoridades locales consideran que la contratación de otra empresa representa la única solución viable para garantizar la culminación del proyecto de infraestructura turística en Llachón.
