Marcelo Huaquisto, analista de estudios económicos de Comex Perú, advirtió sobre la preocupante subejecución del presupuesto destinado a la seguridad ciudadana en diversas regiones del país, incluida Puno. Según el análisis realizado por esta entidad, al cierre de octubre de 2024, el promedio nacional de presupuesto ejecutado por habitante para la reducción de delitos y faltas fue de 132 soles. Sin embargo, Puno solo logró ejecutar 101 soles por habitante, colocándose entre las diez regiones con menor inversión en esta partida.
El presupuesto asignado a seguridad ciudadana en Puno para el 2024 ascendió a 160 millones de soles. No obstante, mientras el gobierno central ejecutó el 91% de su presupuesto, los gobiernos locales en Puno alcanzaron apenas el 68.6%. Este bajo desempeño se refleja en proyectos fundamentales como la adquisición de cámaras de videovigilancia, donde solo se ejecutó el 48% del presupuesto asignado, y el mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana en Juliaca, que reportó un avance de apenas el 25%.
Además, el Frente Policial de Puno, con un presupuesto de 22 millones de soles, ejecutó el 87%, pero las mejoras tangibles en la seguridad siguen siendo limitadas. Huaquisto señaló que «si bien año tras año el presupuesto se incrementa, las cifras no demuestran una reducción efectiva en la criminalidad ni un aumento en la confianza de la población».
El analista también destacó que, a nivel nacional, el costo privado del crimen y la violencia, que incluye gastos en seguridad privada y pérdidas económicas por delitos, representa el 1.88% del PBI peruano, siendo el más alto de la región. Esto afecta directamente a las empresas y negocios, especialmente a los más pequeños, que enfrentan costos adicionales y menor confianza para operar.
En el caso de las municipalidades puneñas, Huaquisto identificó un patrón de subejecución mayor en las que manejan presupuestos elevados, como la Municipalidad Provincial de San Román, que solo ejecutó el 65.8% de sus 19 millones asignados. Por otro lado, municipalidades con presupuestos más reducidos, como Zaguadero, apenas alcanzaron el 42% de ejecución.
La ineficiencia en la ejecución presupuestal se atribuye a la falta de capacidades técnicas en los gobiernos subnacionales, así como a la ausencia de un adecuado acompañamiento del gobierno central. Huaquisto enfatizó la necesidad de superar estos cuellos de botella, ya que «un presupuesto no utilizado regresa al Ministerio de Economía y Finanzas, generando trámites engorrosos para su recuperación en años posteriores».
Finalmente, el analista instó a las autoridades a priorizar la ejecución de los recursos destinados a seguridad ciudadana para mitigar la inseguridad que afecta no solo a las empresas, sino a toda la sociedad.
