El decano del Colegio de Ingenieros de Puno, Wilhem Limachi Viamonte, denunció que el gasoducto surandino, proyecto vital para la industrialización y seguridad energética de la región, fue relegado por el Gobierno Central. Durante un diálogo por Zoom, Limachi advirtió: «Nos están sentenciando a quedar fuera del beneficio del gas», un recurso que reduciría costos y atraería industrias.
El proyecto, que ya avanzó en un 33% de ejecución y consumió fondos públicos, enfrenta un arbitraje sin transparencia entre el Estado y Odebrecht. Limachi cuestionó: «¿Por qué no continuar si los materiales ya están?», señalando que la decisión política actual prioriza intereses privados sobre el desarrollo regional. «Están viendo solo el gasoducto costero, que no beneficia al sur», afirmó.
Puno, que en los años 90 tuvo una tarifa eléctrica diferenciada, atrajo industrias como Inca Cola y Bacchus. «Cuando se niveló la tarifa, las empresas se fueron», recordó Limachi, subrayando que el gas podría repetir ese impulso económico. Sin embargo, el gobernador regional cambió su postura: inicialmente apoyó el gasoducto, pero ahora promueve el Gas de Candamo, calificado por Limachi como «un engañabobos» por su inviabilidad técnica y cultural.
El Colegio de Ingenieros organizará un foro macro regional en noviembre para exigir al Ejecutivo que retome el proyecto. «No permitiremos que Puno siga siendo ignorada», declaró Limachi, quien renunció como asesor del gobernador en julio para enfocarse en esta lucha. «Es una cuestión de voluntad política, no de recursos», insistió.
El gasoducto surandino conectaría Puno con dos provincias clave: San Román y Puno, reduciendo costos energéticos y abriendo puertas a la industria. «Si no luchamos ahora, seremos espectadores de nuestro propio atraso», alertó Limachi, quien criticó que el Gobierno privilegie adendas a empresas como Cálida y TGP, en lugar de invertir en el desarrollo regional.
Limachi también advirtió sobre el Gas de Candamo, cuya explotación enfrentaría obstáculos ambientales y culturales. «Hay tribus que podrían verse afectadas», explicó, destacando que su explotación «tomará décadas». En contraste, el gasoducto surandino, con tubos ya instalados, podría reactivarse rápidamente si el Estado prioriza el interés público sobre el privado.
El foro de noviembre buscará unir a autoridades, sociedad civil y expertos para presionar al Gobierno. «Todos deben participar, porque el futuro de Puno está en juego», concluyó Limachi, quien instó a la región a exigir respuestas claras sobre el arbitraje y los plazos del proyecto. «No podemos esperar otros 357 años para desarrollarnos», sentenció, en referencia al aniversario de la provincia.
