El dirigente Honorio Checalla denunció que el conflicto por la Avenida Bicentenario de Puno ocultaría intereses creados desde la municipalidad provincial. El arquitecto Franklin Mestas Chata, gerente de Desarrollo Urbano, entregó un extenso terreno público a un ciudadano de apellido Castillo Quispe. El hecho generó escándalo pese a que pobladores habitan ese sector desde 2012 y 2014 en la capital puneña.
Checalla afirmó que el funcionario municipal habría incurrido en un error al firmar el certificado de posesión irregular. La entrega del terreno a favor de Castillo Quispe agrava la situación social en la zona de la avenida Bicentenario. El denunciante precisó que no se trata de nuevas ocupaciones ilegales sino de familias establecidas hace más de diez años en el lugar disputado.
El dirigente explicó que el problema proviene de gestiones municipales anteriores a la actual administración de la ciudad. Las poblaciones habitan esa zona desde hace años de manera establecida según declaraciones de Honorio Checalla. La controversia se centra en la legalidad del certificado de posesión otorgado por la gerencia municipal a una sola persona.
Denuncian diferencias entre ocupaciones irregulares en la ciudad de Puno
Honorio Checalla establece una diferencia clara con otras ocupaciones irregulares ocurridas en sectores urbanos de la ciudad. El exalcalde Martín Ticona habría tomado para sí mismo una hectárea en otro sector urbano según el denunciante. Checalla considera que apropiarse de una hectárea sí representa una verdadera invasión de terreno público en comparación con el caso actual.
El municipio reclama esa área como una faja marginal del Lago Titicaca según argumentos oficiales de autoridades locales. Honorio Checalla señala que el municipio cometió un delito al construir la Avenida Costanera si esto fuera cierto. Castillo Quispe habría obtenido una medida cautelar sobre el terreno en disputa a través de procesos judiciales iniciados previamente.
Castillo habría iniciado la prescripción legítima no contra el municipio o Bienes Nacionales según la denuncia de Checalla. El proceso legal fue abierto contra una tercera persona que no tiene ninguna relación con el lugar disputado. Esta maniobra sugiere manejos irregulares en el proceso de adquisición del terreno público que depende de instancias superiores nacionales.
