sábado 02, agosto 2025
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Puno: Infraestructura educativa en riesgo por falta de presupuesto

Dirigentes del SUTEP denuncian falta de inversión en colegios rurales mientras la comunidad educativa se organiza para exigir mejoras urgentes ante el inicio de clases

Infraestructura deteriorada afecta a escuelas rurales en Puno donde padres y docentes alertan sobre riesgos mientras el presupuesto insuficiente agrava la crisis educativa

El inicio del año escolar en Puno se ve amenazado debido a las infraestructuras educativas deterioradas, especialmente en las zonas rurales. Esta situación preocupa a los padres de familia y a la dirigencia del SUTEP regional de Puno, el recorte presupuestario del gobierno agrava aún más este problema.

Más del 70% de las escuelas en áreas rurales de Puno necesitan reconstrucción total. Estas instituciones, muchas de adobe y con techos de calamina, datan de los años 80 e incluso 70. Las lluvias y granizadas intensifican el deterioro de estas estructuras, poniendo en riesgo a estudiantes y maestros.

El dirigente del SUTEP, César Hugo Tito Rojas, señala que el presupuesto de mantenimiento es insuficiente solo permite mejoras superficiales como pintura y cambio de vidrios sin embargo no se invierte en servicios básicos esenciales como agua, luz e internet, tampoco en herramientas tecnológicas necesarias para la educación.

El Congreso prioriza otros gastos, según el dirigente. Asigna 300 millones para “gollerías” de los congresistas, en lugar de invertir en la mejora de la infraestructura educativa. Esta situación genera indignación y pone en evidencia la falta de compromiso con la educación en la región.

El SUTEP ha convocado a una paralización preventiva de 24 horas el 24 de abril. Esta medida busca exigir la derogación de la ley 32242, a la cual el dirigente considera criminal. Además, se están recolectando firmas para presentar acciones de inconstitucionalidad contra esta ley.

Si no hay soluciones, el magisterio puneño se prepara para una huelga nacional indefinida en junio. La falta de inversión en infraestructura, la precaria situación de los servicios básicos y la amenaza de la ley 32242 impulsan esta medida de protesta. La comunidad educativa exige atención urgente a sus demandas.

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