Tras las denuncias de irregularidades en el Proyecto Regional Artesanías, se llevó a cabo la intervención fiscal en las oficinas del Proyecto Artesanías de Puno, ubicadas entre el jirón Carabaya y avenida Simón Bolívar, donde agentes de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios incautaron documentación relacionada con presuntas irregularidades financieras.
El fiscal provincial Willian Otazú lideró el operativo tras una denuncia que involucra directamente al residente del proyecto, Froilán Larico, quien habría recibido una transferencia irregular desde la cuenta del proveedor Aguilar López Lizandro a su cuenta personal, según las primeras investigaciones reveladas por fuentes anónimas.
Durante su manifestación preliminar, el funcionario investigado negó categóricamente haber recibido dicho depósito, a pesar de las evidencias del depósito afirmando que el único movimiento bancario cercano corresponde a S/ 3,636.88 del 5 de febrero, monto que aseguró es parte de su remuneración regular como residente del proyecto regional.

Larico sostuvo además que el voucher presentado como evidencia sería un documento falsificado y sugirió que la denuncia provendría de un extrabajador separado por supuesto incumplimiento de funciones, aunque reconoció no contar con pruebas concretas que respalden esta teoría de represalia contra su persona.
El Gobierno Regional de Puno activó inmediatamente medidas preventivas separando al funcionario cuestionado de su cargo mientras avanzan las investigaciones fiscales, según confirmó José Lima Condori, gerente regional de Economía, quien supervisó las acciones administrativas tras conocerse la denuncia.

Lima Condori enfatizó que respetan el debido proceso y que corresponde a las autoridades judiciales determinar las responsabilidades penales, civiles y administrativas, señalando que “toda persona tiene derecho a la defensa constitucionalmente” mientras se desarrollan las diligencias fiscales correspondientes.
Las autoridades regionales implementaron un protocolo que dictaminó la separación del residente como medida precautoria, el equipo fiscal continúa analizando la documentación incautada para determinar si existen elementos suficientes que sustenten una eventual formalización de denuncia penal, mientras que la administración regional mantiene suspendidas las funciones del residente investigado hasta el esclarecimiento definitivo del caso.