El juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Puno, Youl Riveros Salazar, dictó prisión preventiva de 36 meses contra seis presuntos integrantes de la organización criminal denominada «Los Mandachitos de la Corrupción,» red que anulaba papeletas de infracción de tránsito y facilitaba la liberación irregular de vehículos internados, a cambio del pago de dádivas.
Los seis detenidos —funcionarios de la Municipalidad Provincial de Puno, un efectivo policial y un tramitador— fueron capturados mediante detención preliminar dictada por el Juzgado Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, siendo investigados por cohecho pasivo propio, cohecho policial y tráfico de influencias, en el marco del delito de organización criminal.
El magistrado precisó que existía «una ingente y alarmante cantidad de conductores que cometieron infracciones sin registro en el sistema,» señalando que la omisión sistemática, corroborada con conversaciones de WhatsApp y la declaración de un colaborador eficaz, confirmaba una estructura delictiva coordinada bajo la denominación ya referida.
Roles definidos entre municipio, policía y captadores dentro de la red
La tesis fiscal identifica funciones específicas dentro de «Los Mandachitos de la Corrupción»: Willy Wilson Cáceres Pauro, subgerente de Registro y Transportes, coordinaba con Franz Henry Quispe Ticona, de Asesoría Legal, y Jesús Virgilio Maquera Arrazola, de Liberación Vehicular, mientras Lourdes Zellydeth Pacco Yupanqui captaba conductores infractores dispuestos a pagar por anular sus sanciones.
El tramitador Mario Flores Condemayta actuaba como enlace externo para gestionar influencias ante funcionarios, en tanto el efectivo policial José Rolando Vilca Rivas, encargado del área de recepción de papeletas de la PNP, omitía deliberadamente el registro de infracciones M1, M2 y M3 en el sistema institucional.
El daño social fue calificado de «altamente intenso» por el juzgado, dado que la red permitía que conductores intervenidos en estado de ebriedad quedaran sin registro de sanción en el sistema, exponiendo a la ciudadanía a riesgos concretos al mantener activos a infractores sin consecuencia formal ni administrativa.
Pena superior a 15 años y peligro de fuga sustentan el encarcelamiento
El juez reconoció arraigo positivo para todos los imputados, pero ponderó en sentido contrario la gravedad de la pena esperada —superior a 15 años por organización criminal bajo el artículo 317 del Código Penal—, la magnitud del daño causado y la pertenencia a una estructura con roles definidos, estabilidad y clara finalidad económica.
El magistrado subrayó además que el efectivo policial José Rolando Vilca Rivas, encargado del área de recepción de papeletas de la PNP, no podía desconocer el volumen anormal de infracciones no registradas bajo su responsabilidad directa, lo que refuerza su vinculación con «Los Mandachitos de la Corrupción.»
Todos los defensores interpusieron recurso de apelación al concluir la audiencia, mientras que la organización involucra en total a 15 investigados, entre ellos el alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno, cuya audiencia de prisión preventiva será programada próximamente por el juzgado competente.
