Mijail Quispe Vera, presidente del barrio 28 de Julio, ha denunciado públicamente el pésimo servicio de agua en Puno y los cobros abusivos que realiza la empresa. El representante vecinal manifestó su preocupación por la facturación irregular y los cortes del suministro que se ejecutan de manera inmediata, incluso sin que los recibos lleguen a los domicilios de los ciudadanos.
Quispe Vera relató que vecinos de su barrio le informan constantemente que las facturas no son entregadas, pero el corte del agua se realiza a primeras horas del día si no se ha efectuado el pago. Él mismo acudió a la empresa en Puno para expresar su malestar por esta situación, pero el trato recibido en la ventanilla fue calificado como “totalmente pésimo”.
Según el testimonio de Quispe Vera, la respuesta de la jefa de la oficina fue que “así está la norma”, mostrando una total falta de empatía ante los reclamos de los usuarios. El dirigente vecinal cuestionó la lógica de estas normativas, exponiendo el caso de un vecino con una deuda de 18 soles con 20 céntimos por dos meses, al cual se le exige un pago de reconexión de 63 soles con 70 céntimos.
Esta situación ha generado indignación entre los vecinos, quienes consideran que la tarifa de reconexión es excesiva, llegando a ser casi el equivalente al consumo de ocho meses de agua. Mijail Quispe Vera también criticó la inacción de las autoridades de Puno, la central de barrios y el FOP, quienes deberían defender los derechos de los residentes ante estos abusos.
Ante la falta de respuesta por parte de las entidades correspondientes, Mijail Quispe Vera sugiere que cada presidente de barrio podría verse en la necesidad de tomar acciones por su propia cuenta. Esta declaración refleja la frustración y la sensación de abandono que sienten los ciudadanos frente a la problemática del servicio de agua en la región.
El líder del barrio 28 de Julio hace un llamado a las autoridades para que intervengan y regulen las prácticas de la empresa de agua, considerando que los cobros y los cortes están afectando gravemente a la economía y la calidad de vida de los habitantes de Puno. La comunidad espera una solución justa y un trato digno por el servicio que reciben.
