La región de Puno mantiene más de 150 proyectos de saneamiento y transporte completamente paralizados, una situación que refleja el grave estancamiento de la inversión pública altiplánica. El presupuesto 2026 creció 8.6% pero el 76% se destina únicamente a planillas.
Los recursos públicos se concentran en gastos corrientes mientras miles de familias permanecen sin servicios básicos. La Contraloría General advierte que el presupuesto regional se convirtió en espejo de la ineficiencia administrativa local. Solo el 24% del dinero público llegará efectivamente a obras de infraestructura.
Las cifras sociales agravan el panorama puneño según el Instituto Peruano de Economía. La anemia infantil supera el 50% de los menores, el acceso vial rural apenas alcanza el 60% del territorio. La informalidad laboral bordea el 80% de la población económicamente activa.
Miles de familias altiplánicas siguen sin agua potable debido a la paralización total de proyectos. Los sistemas de transporte permanecen inseguros mientras la conectividad rural se mantiene deficiente. Las brechas de desarrollo se amplían cada año sin soluciones concretas.
La Contraloría resume la problemática regional como planillas infladas y obras inconclusas permanentes. Las promesas gubernamentales caducan anualmente sin generar cambios estructurales. Los funcionarios priorizan gastos administrativos sobre necesidades ciudadanas urgentes en la región sureña.
Puno requiere gestión eficiente más que incrementos presupuestales según organismos de control. La administración regional debe redistribuir recursos hacia proyectos paralizados. Los indicadores sociales demandan atención inmediata para reducir las desigualdades históricas del altiplano peruano.
