La representante de los familiares del caso La Cantuta, Gisela Ortiz, afirma que el actual Gobierno y el Congreso se han convertido en enemigos directos de los derechos humanos, generando una desprotección total que pone en peligro la supervisión estatal frente al incumplimiento de sus funciones básicas.
La familiar del caso La Cantuta vincula esta grave desprotección a una estrategia deliberada para desmantelar los contrapesos democráticos esenciales. Ortiz considera que este escenario constituye un claro copamiento del poder político ejercido tanto por el Congreso como por el Ejecutivo de manera coordinada.
Las instituciones autónomas que tradicionalmente defendían los derechos ciudadanos ahora protegen intereses partidarios y de grupos de poder. El Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo fueron elegidos bajo esta misma modalidad política que privilegia la lealtad sobre la independencia institucional.
Esta injerencia política deja a todos los ciudadanos peruanos en una situación de desprotección total ante las arbitrariedades del poder. Las instituciones que debían actuar como garantes de los derechos fundamentales han sido capturadas por los mismos actores políticos que deben controlar.
Ortiz compara la situación actual de desmantelamiento institucional con lo ocurrido durante la dictadura de los años noventa. El régimen de Fujimori y Montesinos ejecutó entonces una estrategia similar de intervención del Ministerio Público, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.
La representante de las víctimas mencionó las leyes perjudiciales aprobadas por el actual Congreso en los últimos meses. Una de estas normas busca negar que los delitos de lesa humanidad sean imprescriptibles, pretendiendo que los procesos se tramiten únicamente como delitos comunes.
El Congreso aprobó en agosto la Ley 32419, conocida como Ley de Amnistía, que otorga libertad a agentes estatales responsables de graves violaciones de derechos humanos cometidas entre 1980 y el año 2000, cerrando además todos los procesos penales en curso.
La aprobación de esta amnistía vulnera directamente el derecho de las víctimas a acceder a la justicia. El Gobierno celebró la nueva norma en una ceremonia pública realizada en Palacio de Gobierno, donde asistieron varios militares con condenas firmes por delitos graves.
Entre los invitados se encontraba el general Juan Rivero Lazo, condenado por su participación en la creación del grupo Colina. Esta ley pretende perdonar los delitos cometidos en nombre del Estado y prohíbe la investigación de casos en pleno desarrollo procesal.
Ortiz observó la incoherencia en la postura adoptada por la Defensoría del Pueblo respecto a la amnistía aprobada. Históricamente esta institución se había opuesto firmemente a este tipo de leyes de impunidad, pero ahora el adjunto Carlos Fernández Millán saludó la iniciativa.
Tras la aprobación de la amnistía, la Defensoría del Pueblo no emitió pronunciamiento público o institucional alguno. La institución no publicó comunicados sobre el daño que causaba esta norma mientras los jueces comenzaron a inaplicarla mediante control difuso de constitucionalidad.
La Defensoría presentó posteriormente una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional sin conversar previamente con los familiares afectados. Esta acción busca garantizar que el Tribunal avale la ley controvertida mediante una declaración de constitucionalidad que la legitime definitivamente.
El Tribunal Constitucional es reconocido por actuar sistemáticamente en contra de los derechos de las víctimas. Este órgano, por ejemplo, otorgó un indulto indebido al expresidente Alberto Fujimori, razón por la cual los familiares rechazan cualquier demanda presentada ante esta instancia.
Ortiz explicó que la demanda de inconstitucionalidad constituye una estrategia deliberada para legitimar la amnistía controvertida. El Tribunal Constitucional obligaría a todos los jueces a acatar la norma si la declara constitucional, beneficiando a los responsables que buscan acogerse a ella.
Los familiares de las víctimas mantienen cuarenta años de lucha por la verdad y la justicia penal. Su batalla se desarrolla casi siempre contra el mismo Estado peruano, que diseña mecanismos de impunidad como estas leyes para negar el acceso efectivo a la justicia.
El Estado peruano incumple sistemáticamente el pago de las reparaciones civiles dictadas en sentencias judiciales firmes. El caso La Cantuta tiene sentencias de la Corte Suprema que datan desde 2009, pero ninguna ha sido cumplida respecto al pago de la reparación civil correspondiente.
Ortiz y otros familiares enviaron una carta a la Procuradora de El Salvador en octubre de 2025 manifestando su cansancio. El documento expresa la frustración de las familias por tener al Estado como enemigo y lamenta que las decisiones se tomen sin consultar a las víctimas.
La entrevistada advierte sobre el peligro que esta desprotección representa para las víctimas de las protestas sociales de diciembre de 2022 y 2023. Podría aprobarse otra ley de amnistía que las deje sin la necesaria investigación y sanción penal para los responsables de las violaciones cometidas.
