El exdirigente de Puno Percy Mayta Quispe sostiene que la vacancia presidencial constituye una jugada orquestada por el fujimorismo para consolidar un fraude electoral en 2026, mientras Keiko Fujimori y sus aliados copan todas las entidades estatales para garantizar su permanencia en el poder.
El exdirigente puneño señala que esta maniobra política resulta fundamental para los planes electorales del fujimorismo. La estructura gubernamental se fortalece nuevamente sobre la mesa política con este movimiento estratégico que beneficia a grupos conservadores.
Keiko Fujimori encabeza este proceso junto a su partido Fuerza Popular para mantener el control institucional. Ella trabaja en alianza directa con César Acuña y Renovación Popular de Rafael López Aliaga para consolidar su hegemonía política.
El Congreso debió censurar primero a la Mesa Directiva antes de proceder con la vacancia presidencial. Mayta Quispe considera que el nuevo presidente Gerit no tenía la capacidad necesaria para asumir la presidencia del país.
La vacancia ocurre específicamente para proteger al alfil fujimorista Fernando Rospigliosi en su nueva posición de poder. Fuerza Popular empujó deliberadamente la salida de la expresidenta Dina Boluarte para facilitar este reordenamiento político interno.
Rospigliosi controla ahora el Congreso para manejar las decisiones internas que favorezcan a su grupo político. Su posición estratégica garantiza la manipulación necesaria del sistema electoral para los próximos comicios presidenciales de 2026.
El exdirigente afirma que el fraude electoral se hará evidente en las próximas elecciones nacionales. El poder político está copando sistemáticamente todas las entidades del Estado peruano para asegurar su continuidad en el gobierno.
El nuevo presidente actúa como un títere directo de Keiko Fujimori en todas sus decisiones gubernamentales. Mayta Quispe considera que el ejecutivo y sus ministros seguirán atropellando al pueblo peruano con sus políticas conservadoras.
El dirigente asevera que la delincuencia organizada no desaparecerá con este cambio de gobierno aparente. La grave inseguridad que padece la ciudadanía será olvidada por las nuevas autoridades que priorizan otros intereses políticos.
Esta movida política refuerza el manejo económico actual sin generar transformaciones reales para la población. También fortalece la estructura de poder del Estado peruano en manos de los mismos grupos de siempre.
La manipulación política alcanza los poderes del Poder Judicial y la Fiscalía para controlar las investigaciones pendientes. Los grupos de poder cambiarán jueces y fiscales en estas entidades para poner funcionarios «a su medida».
Este recambio institucional busca limpiar todos los delitos pasados que cometieron los partidos involucrados. Fuerza Popular y el partido de Acuña tienen múltiples delitos que necesitan esconder del escrutinio público.
El exdirigente establece una relación directa entre la policía y la criminalidad en el país. Él manifiesta textualmente que «Keiko Fujimori y la Policía Nacional son los jefes de las bandas criminales» que operan.
Ellos someten a la población a la desesperación mediante sus acciones coordinadas de extorsión y manipulación. El sistema de Montesinos mantiene la estructura policial y militar que permite estas operaciones ilícitas.
Keiko Fujimori se encarga de distribuir ministros cercanos a Fuerza Popular y sus partidos aliados estratégicos. Alianza para el Progreso y Renovación Popular reciben su cuota correspondiente en esta repartición de cargos públicos.
El exdirigente Percy Mayta Quispe llama a la reflexión sobre el futuro político del país. Él pide no permitir que estos intereses sigan manipulando el Estado mientras el destino nacional está en juego.
