Ocho mil familias puneñas quedan sin acceso al gas natural tras la cancelación oficial de la Licitación N° 2024-VII anunciada por la Administración del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), generando un impacto directo en los planes de masificación energética para la región altiplánica durante 2025.
La cancelación se oficializó mediante acta N° 001-2025-CSAH del Comité de Selección Ad-Hoc, fundamentada en la necesidad de modificaciones sustanciales a términos técnicos y contractuales debido a cambios significativos en el alcance y viabilidad técnica del proyecto de gas virtual para Puno.
El alcalde de la comuna local de Puno, Javier Ponce Roque responsabilizó directamente al Ministerio de Energía y Minas por la cancelación del proyecto, alegando que cumplieron todos los requisitos solicitados por la entidad sectorial. Ponce manifestó que «ellos nos han solicitado varias cosas y hemos cumplido nosotros», cuestionando la falta de respuesta ministerial.
La autoridad municipal confirmó que el cronograma original contemplaba el anuncio de la empresa ganadora y el inicio de la primera piedra para mayo de 2025, después de completar la convocatoria ampliada, las visitas de campo empresariales y la evaluación técnica correspondiente del proyecto energético.
Por otro lado, el gobernador regional Richard Hancco anunció una segunda opción que involucra a la empresa Cálida para desarrollar un proyecto piloto que beneficie a Puno, San Román y San Miguel. Esta alternativa ampliaría significativamente la cobertura más allá de las ocho mil familias inicialmente contempladas en la licitación cancelada.
La propuesta regional generaría mayor impacto poblacional al incluir tres jurisdicciones importantes del altiplano puneño, superando las limitaciones geográficas del proyecto original que se concentraba únicamente en la capital provincial y sectores específicos de la región.
Hancco planteó la construcción mediante empresa privada como solución viable ante la cancelación de la licitación estatal, aunque esta modalidad genera preocupaciones sobre los costos del servicio y las condiciones de acceso para las familias de menores recursos económicos.
La privatización del servicio representa el último recurso para garantizar el acceso al gas natural en Puno, después del fracaso de la gestión estatal que prometía tarifas subsidiadas y condiciones preferenciales para los usuarios.
