El nuevo Plan de Desarrollo Urbano (PDU) de Puno establecerá restricciones para las áreas no urbanizables y no atenderá intereses de dirigentes informales. Así lo aseguró el gerente de Ingeniería de la Municipalidad Provincial de Puno, Marco Antonio Churacutipa.
Quien precisó que zonas de riesgo como la bajada del cerro Azoguini y la salida a Moquegua no podrán ser ocupadas.
En entrevista con Razón Libre de Pachamama Radio, el funcionario señaló que la planificación urbana “trasciende la simple formalización de lotes”. Explicó que el PDU debe prever los servicios públicos y la infraestructura que requerirá la ciudad ante su crecimiento poblacional y vehicular. “La actualización del plan no puede responder a intereses particulares”, remarcó.
Churacutipa informó que el documento también incluirá la planificación del teleférico con fines turísticos y de transporte público. “Debemos definir los puntos de inicio, fin y las estaciones desde esta etapa”, dijo. Añadió que el incremento del parque automotor y la falta de espacio hacen necesario un sistema alternativo de movilidad, junto con una vía troncal que atraviese la ciudad y calles alimentadoras.
Costanera Norte protegerá el Lago Titicaca de contaminación urbana
El gerente destacó además la prioridad del proyecto de la Costanera Norte, que se desarrollaría paralelo a la vía férrea o dentro de la faja marginal destinada a infraestructura pública. Según explicó, esta obra funcionará como barrera física entre la población y el lago Titicaca, evitando que los residuos sólidos lleguen al agua. Indicó que ya se elabora un proyecto de ley para declararla de interés nacional.
Churacutipa cuestionó la ausencia de otras instituciones en el control de invasiones. “¿Dónde está la Autoridad Nacional del Agua? ¿Dónde está la Marina de Guerra del Perú?”, expresó. Manifestó que la municipalidad asume el costo de las demoliciones, mientras la Marina no custodia las áreas bajo su jurisdicción. Aseguró que las acciones seguirán siendo insuficientes sin una coordinación interinstitucional efectiva.
El funcionario también criticó la desigualdad en los procesos judiciales por obras públicas. Recordó que la gestión municipal enfrenta denuncias por ejecutar la Costanera Sur, mientras los ocupantes informales no reciben igual control ambiental. “Me pregunto cuántos procesos ha iniciado la Fiscalía de Medio Ambiente contra los invasores”, señaló, cuestionando la diferencia en el nivel de fiscalización.
Servicios públicos requieren reforma estructural y concesión privada
Para mejorar la calidad de los servicios municipales, Churacutipa propuso concesionar algunos servicios públicos, como el manejo de residuos sólidos. Explicó que los edificios generan más basura que las viviendas pequeñas sin pagar proporcionalmente. “Es momento de concesionar ciertos servicios para garantizar calidad”, afirmó. Agregó que la inestabilidad política cada cuatro años impide dar continuidad a proyectos básicos.
El gerente anunció que el proyecto integral de agua y desagüe es actualmente la máxima prioridad para Puno. Detalló que el contrato con el Banco Mundial para su financiamiento está próximo a firmarse. Por la magnitud de la inversión, su ejecución requerirá más de una gestión municipal.
Reconoció que las obras causarán molestias temporales, pero destacó su importancia para modernizar la ciudad.
Informó que la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) será retomada tras la resolución del contrato con OPETI. El Ministerio de Vivienda reformulará el estudio de preinversión para obtener nuevo financiamiento. Los conflictos por terrenos afectaron el proyecto anterior, situación que el funcionario espera superar. “Esperamos que la población colabore para lograr los objetivos ambientales de la ciudad lacustre”, concluyó.
