Los padres de familia de la institución educativa Gamaliel Churata del distrito de Cabana (San Román), denunciaron una supuesta conspiración entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para encubrir la intoxicación de sus hijos por parte del entonces programa de alimentación escolar Qali Warma. Los menores fueron afectados por el 25 de marzo de 2024.
Cuatro especialistas de Lima, incluyendo al pediatra Yoni Gómez Sánchez y al neurólogo Ángel Beto Bautista Rafael, evaluaron a los niños en la institución Gamaliel Churata. Solo 18 de los 30 afectados asistieron, generando dudas sobre la efectividad y transparencia del proceso médico.
Los padres expresaron su desconfianza hacia los resultados presentados por los médicos. “Quieren limpiar la imagen del programa”, declaró una madre entre lágrimas. La infectóloga Miriam Huamán Ribera y la psicóloga Haydee Álvarez Tapia también participaron en las evaluaciones.
Según los especialistas, las afecciones actuales de los niños no estarían relacionadas con la intoxicación inicial. Sin embargo, los padres insisten en que sus hijos sufren consecuencias directas de lo ocurrido, cuestionando la veracidad de los informes médicos presentados.
“Existe una conspiración para seguir contaminando a nuestros hijos”, afirmó otro padre, exigiendo justicia y transparencia. Los padres reclaman tratamientos adecuados y no solo medicamentos genéricos que, según ellos, no abordan los problemas de salud de sus hijos.
La visita de los especialistas ha generado más incertidumbre que respuestas. Los padres exigen pruebas adicionales y un seguimiento médico constante para sus hijos, quienes aún presentan síntomas graves más de un año después de la intoxicación.
Los padres también denunciaron la falta de apoyo y la indiferencia de las autoridades. “Nadie nos escucha”, declaró una madre, pidiendo que se investigue a fondo el caso y se sancione a los responsables de la intoxicación masiva de sus hijos.
La reunión terminó con los padres comprometidos a continuar su lucha por la salud y el bienestar de sus hijos. Exigen que se haga justicia y que se garantice la seguridad alimentaria en los programas escolares para evitar futuros casos de intoxicación.
