La ubicación fronteriza de Puno convirtió a la región en el tercer foco nacional de trata de personas con 934 denuncias registradas hasta julio del presente año, cifra que podría multiplicarse considerando los casos no reportados. El director de la Asociación Fe y Derechos Humanos de Puno, Edwin Poiré Huanca, alertó sobre la gravedad de un delito que genera más ganancias económicas a nivel mundial que el tráfico de órganos y armas.
Las víctimas principales son mujeres y adolescentes de 14 y 15 años, quienes representan el 90% del total de personas desaparecidas en la región altiplánica. Poiré Huanca explicó que las modalidades de captación más frecuentes incluyen el enamoramiento, padrinazgo, ofertas laborales falsas y explotación vinculada a la prostitución y minería ilegal en zonas fronterizas.
La estadística mensual revela que entre 30 y 40 personas desaparecen cada mes en territorio puneño, concentrándose la mayoría de casos en el género femenino. El especialista en derechos humanos destacó que este delito se presenta en diversos contextos cotidianos, aprovechando la vulnerabilidad socioeconómica de las potenciales víctimas en comunidades rurales y urbanas.
La gravedad del fenómeno se explica por factores geográficos y fronterizos que facilitan las redes criminales dedicadas a la trata de personas. Poiré Huanca enfatizó que la región se ha convertido en un corredor estratégico para estas organizaciones, que aprovechan la porosidad de las fronteras y la limitada presencia del Estado en zonas alejadas.
La directora de la institución educativa Carlos Rubina Burgos confirmó la implementación de actividades preventivas contra la trata de personas, incluyendo presentaciones teatrales organizadas con la Municipalidad Provincial de Puno y la Federación Regional (FEDER). Estas iniciativas buscan sensibilizar a estudiantes y comunidad sobre los riesgos del delito que afecta principalmente a menores.
El trabajo conjunto entre instituciones educativas y autoridades municipales representa una estrategia fundamental para fortalecer la prevención, según explicó la funcionaria educativa. Las actividades buscan crear conciencia sobre las modalidades de captación utilizadas por las redes criminales, especialmente aquellas dirigidas a adolescentes en edad escolar.
Pese a las limitaciones presupuestarias que enfrentan los colegios, las instituciones educativas mantienen su compromiso con la prevención del delito. La directora resaltó la importancia de continuar con estas iniciativas, considerando que los centros educativos constituyen espacios privilegiados para llegar a la población más vulnerable.
Las cifras oficiales confirman que Puno requiere atención urgente en materia de prevención y combate a la trata de personas. La combinación de factores geográficos, sociales y económicos convierte a la región en un territorio especialmente vulnerable, donde la articulación interinstitucional resulta fundamental para proteger a menores y adolescentes.
