El abogado Julio Rivas afirma que el Perú opera bajo un sistema policial corrupto donde la policía resguarda a organizaciones criminales en lugar de proteger a la ciudadanía, mientras las fuerzas del orden reprimen a los jóvenes autoconvocados de la Generación Z que luchan por restituir la democracia.
Los jóvenes de la Generación Z han salido ya en su sexta jornada de movilización nacional contra el gobierno actual. Ellos reclaman por un país con verdadero Estado de derecho que garantice la justicia, la seguridad y el respeto a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
La “usurpadora”, como la denomina Rivas, desestima las protestas juveniles que se desarrollan en diferentes ciudades del territorio nacional. Ella les ofrece irónicamente empleos en el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo como respuesta a sus demandas de cambio político y social estructural.
El jurista advierte sobre el grave peligro que enfrentan los manifestantes durante estas marchas pacíficas en diversas regiones. Varios jóvenes han sido secuestrados por agentes policiales y otros desaparecieron tras participar en las movilizaciones, generando preocupación en sus familias y organizaciones de derechos humanos.
Existe un joven detenido cuya fiscalía solicita nueve años de prisión por su participación en las protestas. El padre del muchacho tuvo que salir a la calle para manifestar públicamente su dolor y exigir justicia para su hijo, quien considera víctima de persecución política.
Rivas explica el grave deterioro de la función policial en el país durante los últimos años de gestión gubernamental. La policía originalmente debe brindar seguridad y protección a la población civil, pero la institución hoy reprime abiertamente a la gente que ejerce sus derechos constitucionales.
El entrevistado señala que el honor ya no constituye la divisa principal de esta policía nacional corrompida. Las manchas de sangre son su divisa en la actualidad, mientras la corrupción ha penetrado completamente todas sus filas, desde los rangos más bajos hasta los más altos.
La corrupción policial sostiene directamente a las bandas criminales que operan en todo el territorio peruano, según Rivas. En cada operativo de desarticulación de bandas de sicarios, las autoridades encuentran siempre a uno o dos policías infiltrados que colaboran con estas organizaciones delictivas.
El abogado Rivas asegura que Fuerza Popular está controlando completamente el panorama político nacional desde las sombras. Este grupo político sostiene económica y logísticamente a La Resistencia, un grupo de choque violento que actúa como brazo armado en diferentes conflictos sociales.
El pueblo peruano debe organizarse nuevamente sin depender de dirigentes tradicionales que han demostrado tener intereses particulares. Los antiguos dirigentes políticos han traicionado repetidamente la confianza popular y han servido más a sus propios intereses que a los del país.
Rivas menciona que la protesta de diciembre de 2022 se realizó exitosamente sin la presencia de dirigentes políticos tradicionales. Es necesario que los ciudadanos se autoconvoquen para actuar de manera inmediata ante la grave crisis institucional que atraviesa el país actualmente.
El abogado Rivas pide a todos los peruanos armonizar en la idea de que este gobierno ya no puede continuar gobernando. Él considera necesario demostrar a este estado corrupto que el pueblo se mantiene despierto y vigilante ante los abusos de poder que se cometen diariamente.
Rivas solicita a los autoconvocados del norte y sur del país marchar hacia Lima para realizar un cónclave en Puno. El pueblo debe marchar masivamente para apoyar a los jóvenes que están arriesgando su libertad y su vida por defender la democracia peruana.
Rivas propone una solución política inmediata para evitar que el país caiga en el caos social y económico total. Es mejor realizar elecciones generales con un gobierno transitorio que garantice la transparencia, tal como funcionó exitosamente antes con el gobierno de Valentín Paniagua.
La sociedad civil peruana necesita una refundación completa de todas las instituciones del Estado para erradicar la corrupción enquistada. Esto permitirá lograr un verdadero desarrollo económico sostenible y el bienestar social de todos los peruanos sin excepción ni privilegios.
