La Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno anuló una concesión minera de 2002 por no consultar previamente a las comunidades campesinas de Atuncolla, estableciendo un precedente histórico que fortalece los derechos indígenas y abre la puerta para que otras comunidades reclamen sus territorios ancestrales.
Las comunidades campesinas de Atuncolla iniciaron en 2017 una batalla legal contra el Estado después de descubrir que casi 7 mil hectáreas de sus tierras fueron concesionadas sin su conocimiento. Los dirigentes presentaron una demanda de amparo contra el Ministerio de Energía y Minas argumentando violación del Convenio 169.
El primer juzgado rechazó la demanda en 2022 sosteniendo que la consulta previa no constituye un derecho constitucional fundamental. Sin embargo, la Sala Civil revirtió esta decisión mediante voto dirimente, reconociendo que el Convenio 169 de la OIT posee rango constitucional y debe respetarse obligatoriamente.
La sentencia establece que la consulta debe realizarse antes del otorgamiento de cualquier concesión minera, no después. Los magistrados confirmaron que el Convenio 169 representa una norma vinculante e innegociable que protege los derechos de los pueblos originarios sobre sus territorios ancestrales.
Este fallo beneficia directamente a más de 150 comunidades puneñas que enfrentan concesiones mineras superpuestas en sus territorios. Las organizaciones indígenas ahora cuentan con una herramienta legal sólida para exigir la anulación de concesiones otorgadas sin consulta previa en todo el territorio nacional.
La decisión judicial llega mientras el Congreso debate modificaciones a la Ley de Consulta Previa que podrían debilitar este derecho. Los expertos consideran que la sentencia envía un mensaje claro sobre la obligación del Estado de respetar los convenios internacionales ratificados.
Las comunidades celebran esta victoria después de ocho años de lucha legal persistente. Los dirigentes comunales expresan que el fallo demuestra la efectividad de la resistencia organizada y la importancia de utilizar todos los mecanismos legales disponibles para defender sus derechos territoriales.
La sentencia trasciende el caso particular de Atuncolla y se proyecta como referente para futuras demandas similares. Los abogados especialistas en derechos indígenas consideran que esta decisión fortalece significativamente la posición legal de las comunidades afectadas por concesiones irregulares a nivel nacional.
El precedente judicial reafirma que ninguna actividad extractiva puede desarrollarse sin el consentimiento informado de las poblaciones afectadas. Las autoridades del Poder Judicial reconocieron que la consulta previa constituye un derecho humano fundamental que debe garantizarse antes de cualquier decisión administrativa.
Esta victoria demuestra que la organización comunitaria y la perseverancia legal pueden generar cambios estructurales importantes. Las comunidades indígenas de todo el país ahora tienen una referencia concreta para defender sus territorios ancestrales y exigir el cumplimiento efectivo de sus derechos constitucionales reconocidos.
