Tras años después de su implementación, el Registro de Mineros en Proceso de Formalización (REINFO) muestra alarmantes cifras de ineficacia: apenas el 12.5% de los aproximadamente 80,000 mineros inscritos a nivel nacional han completado su formalización, según reveló el abogado Cristian Palomino.
La situación en Puno resulta aún más crítica, donde solo entre 75 y 80 mineros han logrado formalizarse completamente de los 7,000 inscritos en la región, exponiendo las deficiencias estructurales de un sistema que permite operar indefinidamente bajo la etiqueta de “informal” sin avanzar hacia la legalidad plena.
Creado en 2017 como parte de las estrategias estatales para combatir la minería ilegal, el REINFO otorga a los inscritos la posibilidad de continuar operando mientras regularizan su situación. Sin embargo, Palomino cuestiona que esto se haya convertido en un círculo vicioso donde los plazos se extienden constantemente debido a presiones políticas y protestas.
“Esto no puede ser indefinido o la vigencia del REINFO no puede permitir que una persona siga operando en tanto solamente se encuentra en el registro y no avance con su formalización”, señaló el abogado, quien advierte que este mecanismo podría estar funcionando como un blindaje para mineros que perpetúan prácticas irregulares bajo aparente tutela estatal.
El abogado identifica como principal deficiencia la falta de seguimiento gubernamental efectivo. “El Estado no ha sabido tener una labor no solamente fiscalizadora sino también orientadora, controladora”, explicó Palomino, sugiriendo que las autoridades deberían implementar un acompañamiento más cercano a los mineros para completar sus trámites pendientes.
La problemática se complica con la transferencia de derechos que permite el sistema. “Yo, como titular de este registro, lo cedo, lo heredo, esta persona sigue operando y no tiene cuándo acabar”, detalla el abogado, describiendo un ciclo vicioso donde se promete formalización, pero nunca se materializa mientras continúa la actividad extractiva.
Palomino enfatiza que la responsabilidad estatal va más allá del simple registro. “El Estado tiene la labor, desde mi punto de vista, no solamente de fiscalizar a aquellos que ya se han inscrito en el REINFO, sino también orientarlos, exigirles y hacerles un seguimiento constante para que el proceso culmine exitosamente“, afirmó.
Lo que está en juego, según el experto, son bienes fundamentales para todos: “Tengamos en cuenta cuál es el bien que está en peligro: la naturaleza, el medio ambiente, el agua que nos compete a todos”, concluyó, recordando que sin resultados concretos, el REINFO podría estar legitimando actividades que continúan dañando ecosistemas vitales sin control efectivo.
