El dirigente del Frente de Organizaciones Populares, Juan Chipana Condori, informa que se frena un proyecto de taxi independiente. Esta situación obliga a los conductores a pagar cupos de hasta tres mil soles a empresas privadas para poder trabajar en la ciudad de Puno.
El dirigente señala que la actual gestión municipal archivó la propuesta que beneficiaría a miles de taxistas de la región puneña. El proyecto de taxi independiente buscaba que la municipalidad administrara el servicio directamente sin intermediarios privados que cobran altas sumas por formalización.
Los conductores independientes pagarían sus contribuciones al municipio en lugar de a empresas privadas según la propuesta original. Esta iniciativa permitiría a muchos taxistas formalizarse sin intermediarios que lucran con el trabajo de los conductores urbanos de la ciudad.
La propuesta fue elaborada durante la gestión del exalcalde Martín Ticona con documentación técnica completa y detallada. Contaba con un expediente técnico de más de ciento ochenta hojas que especificaba cómo debería funcionar el nuevo sistema de transporte.
Cuatro profesionales distintos declararon viable el proyecto en su momento según informa el dirigente. La asesoría legal de la municipalidad y la comisión de transportes dieron su visto bueno para continuar con el trámite administrativo.
El proyecto estaba listo para ser debatido en el concejo municipal cuando cambió la administración local. Chipana Condori menciona que el avance de la propuesta era del noventa por ciento, faltando solo la aprobación final en sesión.
La llegada de la nueva administración municipal cambió el destino del proyecto que favorecía a los trabajadores del volante. El cuestionado exgerente de transportes y seguridad vial, Dany Guerra, declaró improcedente la iniciativa sin mayores explicaciones técnicas aparentes.
Esta decisión ha generado preocupación entre los taxistas que buscan una alternativa laboral más justa y accesible. El dirigente cuestiona cómo un proyecto viable es luego rechazado por otro funcionario de la misma institución municipal.
Chipana Condori también expone el funcionamiento de las empresas de taxi existentes que perjudican económicamente a los conductores. Los trabajadores deben pagar entre mil y mil quinientos soles solo para ingresar a una empresa privada de transporte.
Además, se les exige un pago mensual que varía entre cincuenta y setenta soles por el derecho a trabajar. Los taxistas que se afilian a estas compañías no son accionistas ni tienen poder de decisión en las políticas internas.
El dirigente los describe como inquilinos que pueden ser expulsados en cualquier momento sin mayor justificación legal. Esta situación genera un ambiente de constante inseguridad para los trabajadores del volante que dependen de estos ingresos familiares.
Chipana Condori afirmó que estas empresas no aportan de manera significativa al Estado peruano según su investigación personal. Los recibos que entregan por los altos cobros de ingreso no detallan información fiscal requerida por las autoridades.
Sostiene que estas compañías estarían evadiendo impuestos al no reportar correctamente sus ingresos a la SUNAT. El dirigente señala a los gerentes de varias empresas de transporte como responsables de mantener el monopolio actual.
Menciona específicamente a la empresa Kamake y del servicio 36 9000 como ejemplos de esta problemática situación. También nombra al representante de la empresa Los Delfines entre los que se benefician del sistema actual.
Estas personas se opondrían a la aprobación del taxi independiente para no perder sus beneficios económicos actuales. El dirigente afirma que estos gerentes no son conductores activos, mientras las flotas pertenecen a terceros propietarios.
Además, Chipana Condori indica que los taxistas sufren abusos constantes por parte de las asociaciones en sus operaciones. Se les obliga a colocar distintivos en sus vehículos bajo amenaza de sanción económica o expulsión inmediata.
Recientemente, más de veinte conductores fueron expulsados de una asociación sin notificación previa ni proceso de defensa. Actualmente, el municipio está impulsando una nueva ordenanza que incrementaría significativamente las multas contra conductores informales del transporte.
La sanción por no estar formalizado pasaría de novecientos soles a más de cinco mil soles según la propuesta. Este monto equivale a una Unidad Impositiva Tributaria que representa un golpe económico severo para las familias trabajadoras.
