Los tres magistrados que integran la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Puno, confirmaron los seis años de prisión para el suspendido gobernador regional Walter Aduviri Calisaya, medida que fue dictada, en primera instancia, el 14 de agosto pasado como coautor no ejecutivo del delito contra la tranquilidad pública en su forma de disturbios contemplada en el Art. 315 del Código Penal.

Por unanimidad, los magistrados de la mencionada sala declararon infundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Walter Aduviri, quien cumple su condena de seis años en el penal de Puno, luego de que fuera capturado el 25 de agosto en el distrito de La Victoria, Lima. Aduviri, además de su sentencia, debe pagar 2 millones de soles de reparación civil a favor del Estado peruano.

El ponente y director de debates de la Sala Penal de Apelaciones fue presidido por el magistrado Oscar Ayestas Ardiles e integrada por los doctores Roger Diaz Aytara e Iván Arias Calvo.

A Aduviri Calisaya se lo encontró responsable de impulsar los hechos de violencia ocurridos durante el “Aimarazo” en mayo del año 2011, específicamente se atentó contra la infraestructura del Ministerio Publico (inmueble del barrio Laykakota), Contraloría General de la Republica, Prefectura Regional, locales de la Sunat – Aduanas y también a bienes patrimoniales de empresas y entidades privadas.

Durante la lectura de ratificación de sentencia se indicó que ha quedado acreditado que el aún gobernador regional, presidió la organización social ‘Frente de Defensa de los Recursos Natrales de la Zona Sur’, del cual tuvo manejo factico y se probó la autoría no ejecutiva de los hechos imputados durante los días de la protesta en la ciudad de Puno.

“El derecho de reunión y de protesta se encuentran amparados en la Constitución Política del Estado y los convenios internacionales suscritos por el Perú. Pero esta no debe ser ejercida de manera absoluta y arbitraria, debido a que la misma Constitución ha establecido limites, siendo que la protesta pacífica y sin armas se encuentra protegida, mas no la violencia”, reza parte de la sentencia.

El juzgado también alegó que el convenio internacional 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), no contempla como parte de los usos y costumbre de los pueblos originarios aimaras el atentar contra el patrimonio público y privado, contra la tranquilidad y mucho menos que en medio de una medida de protesta, se coaccioné a los ciudadanos que ejercían sus actividades libremente, como ocurrió los días materia del análisis legal.

El término de la audiencia de la lectura de sentencia, la defensa técnica de Walter Aduviri Calisaya anunció que interpondrá el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia con sede en Lima, alegando que, no se habría respetado procedimientos judiciales obligatorios, y también no habría una debida motivación en la resolución cuestionada. En tanto, la fiscal a cargo del proceso dijo que, quedan conforme con la ratificación de la sentencia.
Es preciso recordar que, en octubre último, el Consejo Regional de Puno aprobó la suspensión de 120 días contra Aduviri con 13 votos a favor y 5 abstenciones. En tanto, el vicegobernador Agustín Luque Chayña fue encargado como nuevo Gobernador Regional de Puno.