Padres de familia de los 23 niños intoxicados por el extinto programa de alimentación escolar Qali Warma en 2024, en el distrito de Cabana, provincia de San Román, llegaron a la provincia para exigir justicia. Consideran que los responsables deben recibir cadena perpetua por las graves secuelas que aún sufren sus hijos. “Nosotros pedimos una sanción severa que sea cadena perpetua para este señor, porque se ha jugado con la salud de nuestros hijos”, declaró Basilia Lucas, presidenta de la asociación de padres.
La intoxicación afectó a más de 31 estudiantes de la institución educativa secundaria Gamaliel Churata. Los niños aún padecen mareos y vómitos, síntomas similares a los del día del incidente. “Así inconsciente se ponen. ¿Y cómo crees que nosotros vivimos con estas pesadillas?”, expresó una madre afectada. Los padres exigen al Ministerio Público investigar a fondo a los responsables, incluyendo a funcionarios de la Dirección Regional de Salud.
Ronald Loza Machicao, funcionario de la DIRESA, fue detenido recientemente. Los padres señalan que siempre se culpó al agua y a la mala manipulación de los alimentos. “Él ha venido siempre así, siempre se nos ha echado la culpa al agua”, mencionó un padre. La investigación se elevó a Lima para ser manejada por el equipo de anticorrupción, tras iniciarse el 25 de marzo del año pasado.
Graves Andi Luque Ticona, abogado de las familias, explicó que la carpeta fiscal se retrasó debido a la inacción de la fiscal Beatriz Canahuire Durán. “La fiscal mencionaba que tenía casos más importantes que tratar”, indicó Ticona. La investigación ahora incluye a varios funcionarios, como Edwin Corrales Mejía, exdirector regional de Salud de Puno, y otros médicos, enfermeras y biólogos que certificaron la inocuidad de los alimentos.
El informe 17-2024, presentado por Ronald Loza, retrasó su detención. “Este determina la detención preliminar, puesto que en la carpeta fiscal original ya estaba como supuesto sospechoso”, explicó Ticona. Los productos incautados en el colegio Gamaliel Churata están lacrados, esperando análisis bacteriológicos. “No puede haber más de un año que no haya justicia para esos menores”, concluyó el abogado.
Los padres insisten en que la justicia debe actuar con celeridad. “Yo quisiera por favor, que se haga justicia por medio de ustedes, que se haga escuchar nuestra voz, que no quede impune”, suplicó Basilia Lucas. La fiscalía de Lima ahora maneja el caso, buscando encausar a todos los responsables, incluyendo a quienes firmaron los informes de inocuidad.
El laboratorio Sertec SAC, que certificó los productos como aptos, también está bajo escrutinio. La respuesta aún está en proceso, pero los padres no cesarán en su lucha. “Para este señor pedimos nosotros cadena perpetua y todos los que están involucrados que caigan también”, reiteró Lucas.
