El presidente del Consejo Regional de Puno, Héctor Aguilar Narváez, quiere ser alcalde de la Municipalidad Provincial de Carabaya; sin embargo, su actitud, que muchos han calificado como autoritaria y parcial dentro del Pleno, parece que también traspasa a su vida personal. Aguilar, ha declarado dos sentencias en su hoja de vida ante el órgano electoral; ambas por demandas de alimentos.
Los expedientes revelan que el hoy aspirante al sillón municipal de Carabaya, no cumplió con sus hijas, incluso fue declarado rebelde por no haber acudido al llamado de las autoridades judiciales.
Ayer, el Segundo Juzgado de Paz Letrado de Familia – Sede Anexa Puno, emitió la Resolución N° 50, en el que se le da el plazo de cinco días a Héctor Aguilar para que cumpla con abonar la suma de 84 mil 763 soles por concepto de pensiones alimenticias devengadas, correspondiente al período comprendido entre el 14 de junio de 2016 al 30 de junio de 2023.
Dicha disposición es bajo apercibimiento de remitir copias certificadas al Ministerio Público, a fin de iniciar denuncias por el delito contra la familia, en su modalidad de omisión de asistencia familiar, en caso de incumplimiento.
Héctor Aguilar, a pesar de ser docente universitario, haber laborado en la municipalidad de Carabaya, ser consejero regional y demás, no cumplía con la pensión de su hija, que además tras una demanda de aumento de alimentos, no llegaba ni al 30 % de la remuneración que él percibía.
Otro proceso seguido en su contra es por no cumplir con la pensión de su segunda hija, en este caso, el juzgado dispuso que se le otorgue una pensión mensual correspondiente al 25 % de la remuneración que el hoy consejero percibe.
Del mismo modo, se ordenó una liquidación de alimentos devengados, que en suma asciende a más de 54 mil 700 soles; sin embargo, el juzgado ordenó practicar una nueva liquidación, dadas las observaciones presentadas por ambas partes.
