El abogado César Quispe Calsín, reconocido defensor de los derechos humanos, señaló que el reciente recorte presupuestal al Ministerio Público podría afectar gravemente los procesos de investigación de violaciones de derechos humanos. El letrado expresó su preocupación en el contexto del Día Internacional de los Derechos Humanos.
Quispe Calsín enfatizó que los resultados en materia de derechos humanos en el país han sido desastrosos en los últimos dos años. El abogado hizo hincapié en la falta de justicia para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales durante este período.
El experto legal argumentó que la reducción de fondos impacta directamente al equipo especial encargado de investigar las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en 2022 y 2023. Esta situación, según Quispe Calsín, se agrava en un contexto donde el país aún no se ha recuperado de las masacres de esos años.
El abogado también se refirió a la escasez de recursos que enfrentan las fiscalías en todo el Perú. Relató que, en muchos casos, los fiscales se ven obligados a comprar papel con su propio dinero para poder llevar a cabo sus funciones.
Quispe Calsín considera que esta situación evidencia la intención del Congreso de la República y del Ejecutivo de promover la impunidad. El abogado sostiene que el cambio constante de fiscales y el desmantelamiento del equipo especializado en derechos humanos en el Poder Judicial apuntan en esa dirección.
Para el letrado, el recorte presupuestal es un golpe para el sistema de justicia en Perú. En lugar de avanzar en el respeto a los derechos humanos, el país parece estar retrocediendo hacia una época de dictadura, donde las violaciones se vuelven cada vez más comunes.
La búsqueda de justicia para las víctimas y la construcción de un país donde se respeten los derechos humanos son tareas urgentes que no pueden ser postergadas por falta de recursos.
